La Fiscalía dará vía libre a la investigación contra Camps por la F-1

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano solicitó el lunes a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana que se pronunciara sobre si debía admitir a trámite la querella contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el empresario y antiguo piloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar como autores de supuestos delitos en la organización la Fórmula 1 en Valencia. La querella fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Llamativamente, será esta misma división del ministerio público la que opine sobre si el tribunal debe admitirla a trámite y abrir una nueva investigación en torno a Camps.

El resultado de la consulta está por ello cantado: será positivo y hará más probable que el tribunal encargado de investigar y en su caso juzgar a los aforados valencianos (Camps es diputado del Grupo Popular en las Cortes Valencianas) inicie el procedimiento judicial.

Desde hace más de un año, en línea con lo que está haciendo el Tribunal Supremo, el TSJ ha adoptado la práctica de pedir un dictamen a la fiscalía antes de decidir sobre la admisión a trámite de las denuncias contra personas que se hallen en su ámbito competencial: diputados y miembros del Consell, que son los protegidos por la figura del aforamiento.

La consulta en este caso resulta singular, de entrada, porque la querella sobre la que debe informarse fue presentada por un departamento del propio ministerio público. Y, más todavía, porque en los asuntos asumidos por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, como el de la F-1, solo esta división del ministerio público puede intervenir. Es así por decisión de la Fiscalía General del Estado, que buscó blindar a sus miembros ante posibles interferencias en temas a menudo políticamente sensibles.

Las fuentes jurídicas consultadas añaden que será muy probablemente el mismo fiscal que presentó la querella, Vicente Torres, el que deba dar ahora su parecer al TSJ sobre la admisión de la misma.

La querella del fiscal, que empezó a indagar el asunto tras denuncias de los socialistas y de Esquerra Unida, atribuía al antiguo jefe del Consell, la exconsejera y Aspar “la comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos, de un delito de prevaricación y, en el caso de Dolores Johnson, de un delito societario”, como señalaba el TSJ en la resolución con la que consultó a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana el caso.

Según la tesis del fiscal, que realizó interrogatorios y analizó la documentación oficial antes de llevar el caso al tribunal, Camps acordó la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa de F-1 con “consciente desprecio hacia la legalidad vigente”. Y utilizó como fachada de las operaciones a una empresa privada, Valmor Sports, recomprada después por el Consell con sus millonarias deudas por un euro, pese a que la organización real del circuito urbano recaía en el sector público.

El mismo día, 5 de enero, los jueces de la Sala Civil y Penal del TSJ también pidieron a la Fiscalía Superior que se pronunciara sobre si debía admitir a trámite la denuncia presentada por Compromís por la aprobación del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat del Consell para 2015. Una cuestión que las fuentes jurídicas consultadas ven más difícil que prospere.