El BNG acusa a la policía de falsear un atestado contra sus dirigentes

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, acusó ayer a la policía de elaborar un informe “falso” sobre la manifestación convocada por varios colectivos políticos y sociales el pasado 25 de agosto contra la visita a Santiago aquel mismo día de la canciller alemana, Angela Merkel. Tres dirigentes del BNG —el portavoz municipal en Santiago, Rubén Cela, y los responsables comarcales en A Coruña y Guitiriz, Paulo Carballada y Alfonso Losada— acaban de recibir ahora, cuatro meses después de los hechos, sendas notificaciones en las que se les comunica la apertura de diligencias penales por su participación en aquella protesta, que se saldó con intercambio de empujones entre los manifestantes y la policía, con varios porrazos por parte de estos y con un agente herido en una muñeca.

 Cela, a quien aquel día se pudo ver mediando entre los agentes y los manifestantes para tranquilizar la situación, se muestra sorprendido de que se le acuse de encabezar la protesta basándose en ese papel de interlocutor que ejerció entonces. Él mismo recibió un porrazo en la cabeza pese a ser de los que pedía calma a los manifestantes. Ahora destaca que la policía acusa a uno de sus compañeros de haberle arrebatado la pistola a un agente sin que entonces se le detuviese ni identificase siquiera por un hecho de tal gravedad. En su día, el entonces delegado del Gobierno, Samuel Juárez, acusó a los manifestantes de intentar “traspasar el cordón policial por la fuerza y, por lo tanto, la policía tuvo que defenderse de esa agresión y de esa violencia por parte de los manifestantes”.

El BNG, ahora como entonces, criticó lo que considera una estrategia del PP para silenciar las protestas. “Vemos que el PP fuerza las cosas a través de informes policiales absolutamente falsos e inverosímiles hechos a posteriori para incriminar a personas que participaron pacíficamente en la manifestación”, criticó ayer Vence, para quien el objetivo del Gobierno es “amedrentar a la ciudadanía para frenar las protestas”.

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, también fue sancionado en su momento, en su caso con 600 euros por la vía administrativa, por participar en febrero de 2013 en la protesta que pretendía evitar el desahucio de una anciana en A Coruña. Jorquera recurrió judicialmente y el pasado octubre una sentencia condenó al Gobierno por vulnerar sus derechos. El juez destacó entonces que la denuncia policial contra Jorquera se realizó un mes y medio después de los hechos, que su participación en ellos no fue reflejada en el atestado de aquel momento y que no se probó que el diputado fuese “la cabeza visible de los allí concentrados”.