La policía instaló micros en casa del ladrón antes de rescatar el ‘Códice’

Una medida “excepcional” pero “útil, adecuada, justificada y necesaria”, defendía el magistrado José Antonio Vázquez Taín en el auto que dictó el 28 de mayo de 2012, decidido a zanjar de una vez la que entonces consideraba “la investigación más difícil y delicada” de su vida. El caso del robo del Códice Calixtino en la catedral de Santiago se había estancado en torno a un impasible electricista de vida monótona y manías fijas, un personaje silencioso que no ofrecía ningún cabo del que seguir tirando. Los pinchazos telefónicos autorizados hacía meses no habían dado ningún fruto: José Manuel Fernández Castiñeiras, el que poco más de un mes después, el 4 de julio, confesó ser el ladrón del manuscrito medieval, se sabía sospechoso y en su pertinaz “desconfianza” era prudente cuando hablaba por el móvil. Al “sentirse presionado y vigilado”, resumía el instructor, decidió “encerrarse en su mundo”. Por eso Taín optó por ir más allá y traspasar una frontera que casi ningún magistrado ha atravesado en la historia de la justicia española. Si el electricista no hablaba con nadie del turbio asunto por teléfono, al menos se relajaría de puertas adentro con su familia. Y esto solo se podría llegar a saber si los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que colaboraban con Taín en la investigación entraban en el humilde piso del trabajador de la Catedral en Milladoiro aprovechando la ausencia de sus moradores e instalaban micrófonos en el interior.

 A primeros de junio y por un plazo previsto que según el juez no podía extenderse más allá de un mes, los policías pudieron cumplir la orden. El piso donde el electricista atesoraba la mayor parte de su fortuna, fajos de billetes de todo el planeta almacenados en maletas, carpetas, cajas y bolsas, quedaba franco para la policía por orden judicial. “Se autoriza la invasión del espacio privado”, dictaba el magistrado, para la “colocación de los dispositivos electrónicos”, “pero solo a este efecto, sin que pueda invadirse de otro modo la privacidad del investigado”. Dicho esto, el juez que tomaba la espinosa decisión advertía a los agentes especializados de que no iba a permitir la instalación de los micros “en ninguna dependencia” que pudiese ser “especialmente sensible” o “únicamente destinada a actos privados”. Para “mayor privacidad de la medida y de sus resultados”, por último, ordenaba formar pieza judicial separada.

Por aquellas fechas, el juez no conocía el prosaico destino que había tenido el Códice, durante un año entero escondido intacto dentro de periódicos y bolsas, entre trastos y ladrillos, en un garaje de Milladoiro. Por este auto que forma parte del sumario que a partir del día 19 va a ser deshojado —durante el juicio a Fernández Castiñeiras en la sección sexta de la Audiencia Provincial— se sabe que entonces Taín aún temía que el electricista hubiese vendido la joya del siglo XII en el mercado negro o que estuviese intentando alguna forma de extorsión, negociando un rescate con la Iglesia.

“Lo más importante y urgente es detectar cualquier contacto del sospechoso con terceras personas que pudieran estar interesadas en adquirir el Códice, haciéndolo desaparecer del alcance de la justicia”, alertaba. “Existen indicios que señalan que el sospechoso haya relajado su desconfianza y que por ello se pueda localizar el Códice a través de la intervención”. Otros indicios, seguía enumerando el juez, “apuntan a una posible negociación del investigado para devolver el Códice a cambio de precio”. “Tal circunstancia sería comentada en el ámbito familiar”, decía acto seguido Taín para justificar los micros, porque “únicamente con la colaboración de la familia el sospechoso pudo haber cometido el delito”.