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La mayoría de contratos auditados de la Generalitat tiene irregularidades

La Administración no utilizó correctamente las cuentas de fondos de caja fija

El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, saliendo de un vehículo.
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, saliendo de un vehículo.

La Generalitat realizó en 2013 un total de 629 contratos públicos por el importe nada desdeñable de 895 millones de euros. La Sindicatura de Comptes, en su último informe de fiscalización presentado por Rafael Vicente Queralt, ha revisado aleatoriamente una muestra de ellos —33 en total— y ha concluido que no se ha aplicado correctamente la normativa. De los 33 expedientes fiscalizados, por un montante de 495 millones de euros, solo tres de ellos resultan impecables y cumplieron a rajatabla la ley de contratos públicos. El resto presenta incidencias y salvedades, advierte el órgano fiscalizador.

El puñado de expedientes de contratación revisados representa el 55,4% de lo facturado en 2013. La muestra incluye el contrato de transporte sanitario urgente con ambulancias, por 258 millones de euros, el mantenimiento de los edificios sanitarios de la red autonómica, por 27 millones, el servicio de helicópteros y brigadas destinados a la extinción de incendios, por 42 millones, o la reforma integral de la Audiencia Provincial de Alicante, por cerca de cinco millones de euros. Están las consejerías de Presidencia, Hacienda, Infraestructuras, Educación, Sanidad, Economía, Bienestar Social o Gobernación y Justicia.

Entre las incidencias encontradas por la Sindicatura aparecen la falta de orden de inicio o justificación de la necesidad o idoneidad del contrato o que se justifica de forma insuficiente la tramitación de urgencia de algunos de los citados contratos. La publicidad de la licitación no incluía los criterios de valoración para su adjudicación en otros y las resoluciones de adjudicación de los contratos no estaban motivadas ni adecuaban su contenido al previsto por la ley. Tampoco la revisión de precios cumplía lo establecido en la ley de contratos o la documentación del contratista era incompleta, incorrecta o extemporánea.

La Sindicatura no se ha detenido solo en la tramitación de los contratos, también ha inspeccionado los gastos de caja fija, que la oposición equipara con las escandalosas tarjetas black por su opacidad. En el año fiscalizado, la Generalitat utilizó 279 cuentas de fondos de caja fija —en 2012 fueron 283—, con un presupuesto de 88,9 millones de euros —el año anterior fue de 93,5 millones—. Y se gastó la práctica totalidad del dinero, un 93% del total.

El órgano fiscalizador ha buceado en una muestra de facturas de las consejerías de Presidencia, Agricultura y Pesca y de Economía, Empleo y Turismo. Los síndicos censuran, por ejemplo, que los mismos que se beneficiaron del gasto se encarguen de dar el visto bueno al justificante por lo que no se produce la separación de funciones que exige la orden que regula estos pagos. De los 25 justificantes revisados, en 14 de ellos no aparece la aprobación del gasto y en otros cinco no hay evidencias de que la factura se haya comprobado, según el informe presentado en diciembre. También se entregó dinero en metálico con cargo a gastos a justificar, que no está permitido. Además, no hay constancia expresa en todas las facturas o tíquets del motivo de la sesión de trabajo, el número de asistentes a las comidas o cenas, o los motivos concretos en otro tipo de gastos. Algunas facturas son incluso de años anteriores, algo que tampoco permite la normativa.

La Sindicatura concluye la fiscalización con una recomendación a la Generalitat de revisar y actualizar la normativa reguladora de la caja fija, “pues el margen de su antigüedad [1998]es insuficiente en algunos aspectos importantes para controlar adecuadamente el uso de estos fondos”. Según la institución, las normas deberían ser menos ambiguas, más claras, y concretar lo más posible “tanto los gastos que pueden tramitarse como los que deben excluirse”. La Generalitat debería aclarar qué gastos se pueden realizar en concepto de atenciones protocolarias, y su gestión acreditación y control.

A la luz de estos datos, el diputado socialista Rafael Rubio denuncia la mala gestión de la Administración de Alberto Fabra. “Sus líneas rojas no deberían ser solo para quienes meten la mano en la caja sino también para los que no hacen bien las cosas”, sostiene. “Su manera de gobernar no cumple con unos parámetros aceptables”, añade.

Rubio admite que la mayoría de irregularidades detectadas por la Sindicatura son subsanables, “pero que sean tan abundantes resulta cuanto menos preocupante”, ha criticado. “Hay que gobernar como toca y no a salto de mata. La Administración no es el cortijo de nadie”, concluye. De los fondos de caja fija, Rubio lamenta el “obscurantismo y la opacidad” de los mismos.