El fiscal pide ocho años de prisión para el exalcalde contrabandista

El ministerio público acusa a Nené Barral, regidor de Ribadumia por el PP durante 18 años, de ocultar a Hacienda sus inversiones en China y Chile

Nené Barral, en un coche policial cuando fue detenido en 2001.
Nené Barral, en un coche policial cuando fue detenido en 2001.EFE

El que fuera durante 18 años alcalde de Ribadumia por el PP, José Ramón Barral, Nené, afronta su primera condena 13 años después de ser detenido por un cargamento de tabaco de contrabando, un asunto por el que tuvo que renunciar a la alcaldía y que desde entones sigue atascado en un juzgado de Vilagarcía de Arousa. El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra le acusa de dos delitos fiscales derivados de negocios eólicos y de acuicultura que el exalcalde desarrolló en China y Chile, dinero que ocultó a la Agencia Tributaria en la declaración de la renta de 2006 y 2007.

Lo que en un principio se instruyó como un posible delito de blanqueo de dinero quedó finalmente aparcado, al igual que ocurrió con su patrimonio oculto en Suiza procedente de sus presuntos negocios tabaqueros y que Hacienda nunca pudo sacar a la luz hasta que acabó archivado. El fiscal Augusto Santaló solicita para Barral cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos fiscales que le imputa y multa de 1,5 millones de euros más intereses desde la comisión de delito, aunque podría reducir su horizonte carcelario si admite los hechos y paga las cuotas defraudadas en un acuerdo de conformidad.

Además de Nené Barral, el fiscal Augusto Santaló también dirige la acusación contra sus tres hijas, Avelina, Carmen y María Barral Diz, como presuntas colaboradoras de su padre. Las tres habrían actuado en la “ocultación de los importantes ingresos obtenidos” a través de una sociedad constituida en 2006 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, Fullest Bright Investments Limited, que supuestamente desvió fondos para crear empresas de acuicultura y eólicas que operaban en China y Chile.

La sociedad constituyó en el municipio de Jimo, provincia china de Shangdong, una filial, destinada a la producción y tratamiento de mariscos, Quingdao Shellhouse Seafood Co. Ltd., a la que Barral transfirió en dólares al banco de construcción de China cantidades opacas para la Hacienda española, según la acusación.

Además de poner en marcha el cocedero chino, el exalcalde hizo otras inversiones con la empresa chilena Inversiones y Acuicultura NBD Limitada y en Hong Kong, a través de la sociedad Solid Excel Internacional Limited y la Quingdao Welma Eólica, SL. Para desarrollar la empresa de recursos eólicos, Barral Martínez contrató los servicios técnicos de la sociedad española Barlovento Recursos Naturales, SL, quien desplazó un técnico hasta Hong Kong, facturando a Solid Excel International Limited, que abonó las facturas desde el banco Standard Chanteded Bank.

En 2008 las hermanas Barral cesaron de sus cargos como socias de la sociedad que operaba en Islas Vírgenes y tomó las riendas de la sociedad un súbdito chino, Su Po Ling, supuesto testaferro de Barral Martínez, por lo que este seguiría siendo su dueño, según el escrito de acusación. Tanto José Ramón Barral como sus hijas se acogieron al derecho a no declarar cuando fueron citados por el juzgado número 2 de Cambados que instruye el caso.

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Como acusación alternativa para las hijas de Barral, el fiscal propone imponer a cada una de las acusadas las penas de cuatro años de prisión; cuatro años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo; 500.000 euros de multa con un año de privación de libertad en caso de impago; y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por periodo de cinco años. Además, Avelina Barral Diz, Carmen Barral Diz y Mª Silvia Barral Diz indemnizarán solidariamente al Estado con 458.000 euros, cantidad que se incrementará con los intereses previstos en la Ley General Tributaria desde la consumación de los delitos.

Las denuncias de Hacienda contra Nené Barral fueron corroboradas por uno de sus convecinos de Ribadumia al que contrató como empleado en el cocedero de mariscos de China, donde fue condenado por ocultar documentación de dos sociedades. El testigo de cargo de la fiscalía puso los hechos en conocimiento del consúl español en China en 2009 y salió de prisión el año pasado.

Mientras tanto, el asunto por contrabando que en 2001 forzó la dimisión de Barral después de 18 años en la alcaldía de Ribadumia sigue vivo. La fiscalía ya descartó que pese a la dilatada instrucción del caso, debida a la inútil investigación patrimonial en Suiza, no hay prescripción del delito de contrabando por los conexos de cohecho que son de mayor gravedad.

En esta causa están implicados varios familiares de Barral, cuatro guardias civiles y dos aduaneros que supuestamente daban cobertura a la red del exalcalde de Ribadumia hasta que fue implicado en el transporte de un alijo de 400.000 cajetillas capturado en el puerto de Vigo y que tenía como destino Gran Bretaña.

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