La letra pequeña no explicada

El último trimestre del año se ha caracterizado por las sucesivas polémicas en torno al marco de derechos y prestaciones sociales que conforman el sistema de protección vasco. Más que una reflexión sosegada y profunda sobre el mismo, es un cruce de propuestas avivadas al calor de las próximas elecciones municipales y forales; no en vano, uno de los candidatos en liza, el actual alcalde de Vitoria agita la Renta de Garantia de Ingresos apelando una y otra vez al fraude y a los abusos en el sistema y, por otra, el ya candidato a la alcaldía de Bilbao y consejero del Gobierno vasco plantea nuevos impuestos con los que afrontar el necesario y obligado cumplimiento de los derechos contemplados en la Ley de Servicios Sociales. A menudo, para sustentar sus argumentos, el consejero ha aludido a la Ley de Dependencia del Gobierno de Zapatero, como ejemplo de lo que no hay que hacer ya que fue aprobada -dice- sin haberse establecido previamente su financiación.

Pues bien, es lo que ha ocurrido hasta la fecha con la Ley Vasca de Servicios Sociales, si bien en este caso era el PNV el responsable máximo en todas las instituciones con competencias en este ámbito el que dio su visto bueno al texto de la Ley.

Hace exactamente seis años, en diciembre del año 2008, se aprobó la Ley de Servicios Sociales que establecía el derecho subjetivo al acceso a las prestaciones del sistema a través de la cartera de servicios acordada por las instituciones hace una semana y que no se va a hacer efectiva hasta dentro de dos años, diciembre de 2016. Transcurrirán ocho años hasta que este derecho sea real, y confiemos que efectivo. Por ello, la primera lectura provoca frustración, no complacencia. Porque el tiempo de respuesta de las administraciones ha sido y es inversamente proporcional al crecimiento exponencial de un envejecimiento de la sociedad que multiplica sus demandas.

Además, es el Gobierno vasco, como responsable de la planificación del Sistema de los Servicios Sociales, quien debiera explicarnos cuál es su modelo, la letra pequeña de lo que se vende como un gran acuerdo. Sin querer menospreciar el alcance del mismo -sé lo que cuesta alcanzarlos-, conviene aclarar cual es la música que acompaña a la letra, si la hay. ¿Se acercara por fin el modelo vasco al de los países mas desarrollados de Europa con servicios flexibles y de proximidad que buscan la autonomía de los mayores en su propio domicilio y que, por cierto, es lo que los vascos y vascas desean? Porque en este caso el papel que los ayuntamientos juegan, por ser la institución de referencia sobre la que pivota el itinerario de servicios de cuidado, es de una importancia extraordinaria y no acorde con la financiación que se prevé en el acuerdo alcanzado y que puede poner en dificultades a los ayuntamientos en un breve plazo de tiempo.

Por otro lado, la dimensión de lo publico o lo privado en el sistema o la colaboración entre lo social y lo sanitario, que afectan a los costes del mismo, abren un abanico de incógnitas que las administraciones competentes tendrán que explicar a la sociedad.

Un bonito ejercicio educativo ante las próximas elecciones municipales y forales, porque los datos económicos aportados hasta la fecha para la futura financiación de la ley, apuntan a una congelación del sistema actual o a su mantenimiento pero no a un avance sustancial de la inversión con el que hacer frente al progresivo envejecimiento de la sociedad. De hecho ya el año próximo tanto Gipuzkoa como Álava deberán prorrogar sus cuentas, gracias entre otros al PNV. Una rara manera de entender las corresponsabilidades políticas y una mala manera de empezar el desarrollo de la ley. ¿Será esa la razón de remitir los efectos del acuerdo al 2017?

El reciente acuerdo institucional debe aclarar la letra pequeña para demostrar el compromiso de querer ir unidos bajo una política social de progreso, porque los datos hasta ahora conocidos carecen de cualquier tipo de ambición. Euskadi tiene las bases suficientes para desarrollar un modelo propio de cuidados a nuestros mayores capaz de crear empleo y de estar a la vanguardia de una política social de progreso. ¡Ojalá que el acuerdo ante el que estamos no sea solo una foto con la que salvar la cara ante las próximas elecciones!