El juez corrige el procesamiento de dos constructores por la financiación

El juez José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano el caso Gürtel, ha retirado el procesamiento contra dos constructores por la presunta financiación ilegal (delito electoral) del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en la campaña del año 2008.

En el auto de la pasada semana en el que procesó a 19 personas por presuntas irregularidades en las finanzas populares, incluida la antigua cúpula de la formación, Ceres incluyó al expresidente de la patronal alicantina Rafael Martínez Berna y a su hermano Tomás como supuestos partícipes de los hechos de aquel año. A petición de ambos, el magistrado ha emitido un auto eliminando tal referencia, si bien mantiene su procesamiento por los hechos relativos a la campaña de 2007, cuando se celebraron elecciones autonómicas y locales.

En la misma resolución el magistrado rechaza atender la petición de la defensa del también constructor Enrique Ortiz, que había solicitado que se ampliara hasta 40 días el plazo para que los procesados recurrieran su condición (frente a los 10 días previstos) o, alternativamente, que se redujera a la mitad los 20 días que el juez había dado a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral contra los acusados o bien el sobreseimiento. Ceres responde a la petición señalando que los plazos son distintos porque se tratan "de plazos diferentes que derivan a su vez de resoluciones distintas".

El 16 de diciembre el juez dictó auto de procesamiento en las dos piezas separadas en las que ha investigado durante más de tres años la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos. Ceres acogió la línea mantenida por la Fiscalía, y acusó a la antigua dirección de los populares valencianos en la etapa del expresidente Francisco Camps, así como a una quincena de empresarios, incluidos los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, de delitos electorales y falsedad.

Las partes están preparando ahora los escritos de calificación y, una vez que los tenga decidirá si sienta a los procesados en el banquillo, lo que parece más probable a la vista del contenido del auto, o si archiva el procedimiento.

En el eventual juicio se juzgarán también los supuestos delitos fiscales, por IVA, impuesto de sociedades e IRPF que el magistrado instructor atribuye a varios supuestos miembros de la red Gürtel.