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La fiscalía denuncia el proyecto Castor

Acusa al ministerio y a la empresa que construyó el depósito submarino de gas

Instalación de la plataforma de procesos del proyecto Castor. Ampliar foto
Instalación de la plataforma de procesos del proyecto Castor. EL PAÍS

La Fiscalía de Castellón presentará una denuncia por la comisión de presuntos delitos relacionados con el medio ambiente durante la puesta en funcionamiento del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona) y cuyos trabajos de inyección de gas causaron la crisis sísmica registrada el año pasado. También el Parlamento catalán aprobó el viernes llevar la indemnización al Constitucional.

El ministerio público dirige sus acusaciones contra el anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente que participó en la tramitación del proyecto, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la empresa constructora Escal UGS —formada por ACS en un 66,7% y la canadiense CLP en un 33,3%—. El anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibió a mediados de octubre la propuesta de denuncia y, según han explicado fuentes de la Fiscalía General del Estado, la luz verde definitiva se dio durante su etapa.

El PSOE recurrirá al Constitucional el pago a la empresa de una indemnización

La denuncia es el resultado de la investigación que la Fiscalía de Castellón abrió de oficio el 3 de octubre de 2013, justo una semana después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenara el cese de la actividad de la plataforma tras haberse detectado más de 200 microseísmos (los terremotos continuaron en los días posteriores hasta registrarse 512, 15 de ellos percibidos por la población).

Las diligencias se abrieron para esclarecer si Castor estaba relacionado con los movimientos y si se habían seguido correctamente todos los trámites para la construcción y puesta en marcha de este almacén de gas. También para aclarar la actuación de la empresa durante esta crisis sísmica. El mismo día en que se acordó abrir diligencias se ordenó a la Guardia Civil que comprobara si la planta había cesado toda actividad.

En mayo de este año se dieron a conocer los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que concluyeron que sí existió una relación causa-efecto entre las actividades de inyección de gas y los seísmos registrados frente a la costa de Castellón y Tarragona. A finales de junio, el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, mantuvo una reunión de cuatro horas en la Fiscalía de Castellón.

La investigación concluyó oficialmente el sábado día 4 de octubre tras consumir una prórroga de seis meses. El día anterior el Consejo de Ministros había aprobado indemnizar con 1.350 millones al propietario del proyecto Castor, una cantidad que solo un mes después ya había sido abonada. Las diligencias acabaron con una propuesta de denuncia que fue comunicada en una Junta de Fiscales celebrada en Castellón el 15 de octubre. El fiscal jefe, José Luís Cuesta, explicó que desde ese día el tema estaba pendiente de recibir el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. El ex fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, manifestó en su comparecencia ante el Congreso del pasado 26 de noviembre que había recibido la comunicación y que en los próximos días se tomaría una decisión “en la línea propuesta por la Fiscalía de Castellón” y tras hacer una variación “de carácter exclusivamente técnico-jurídico”. Pero hasta la fecha la decisión no había sido comunicada. El tiempo transcurrido desde aquella Junta de Fiscales ha extrañado en los juzgados de Castellón. La fiscal instructora de la investigación llegó a presentar su renuncia (no se tramitó) como responsable de los asuntos de medio ambiente.

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, anunció ayer tras la ejecutiva federal que el PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el pago de la indemnización. Puig manifestó que consideran “injusto” este desembolso y denunció la “nocturnidad y alevosía” con la que, a su juicio, actuó el PP. Según explicó, existen aspectos que justifican este recurso, como “adoptar la norma a través de un decreto y sin que exista motivación suficiente respecto a la urgencia” y haber fijado la indemnización “sin haber agotado otras vías jurídicas”.

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