El mancillado honor del PP

La crónica de tribunales revela con creciente amplitud e intensidad que el PP valenciano habrá de afrontar los próximos meses preelectorales en el peor de los escenarios pronosticados. Decenas de quienes han sido sus gestores y representantes estos años pasados –y aun ahora mismo- van a desfilar por el banquillo estigmatizados por la presunción de culpabilidad más que de inocencia y con los consiguientes impactos mediáticos, que de tan abundantes y seguidos nos van a parecer una traca, no tanto de truenos como de cacos y cacas. La justicia, a pesar de su lentitud, las injerencias y más a menudo a la indotación de medios con que trabaja, lleva trazas de cumplir su función y, todo al tiempo, recuperar por estos pagos parte del crédito perdido. También eso es una buena noticia, aunque ingrata para el gobierno. Tanta sentencia condenatoria como se avizora ha de ser como un dogal a su cuello.

Recuérdense a modo meramente indicativo y no exhaustivo enredos como Gürtel, Fitur, viaje del Papa, Cooperación, Emarsa, Sonia Castedo y sus escandalosos favores, la financiación delictiva del PP, las trapisondas de las basuras en la Vega Baja, los abusivos sobresueldos y despilfarros en el Puerto y Feria de Valencia, así como en el Palau de les Arts y los coletazos de la liquidación del tinglado financiero valenciano –Cajas de Ahorros, Banco de Valencia- que ya ha empapelado a un ex president de la Generalitat. ¿Queda libre de delito o sospecha alguna parcela del ámbito público autonómico?

Esta sucinta evocación viene a cuento de la candorosa y un tanto tronada declaración del presidente Alberto Fabra cuando, como acaba de hacer, rompe una lanza por su partido, del que afirma que “ha trabajado siempre dentro de la honorabilidad y de las reglas de juego de la democracia”. Se refiere concretamente a los presuntos delitos electorales que se le imputan al PP, y que tan evidentes se nos antojan a tenor de los indicios, pero resulta estridente la apelación a la honra de quienes individual y corporativamente han situado a la Comunidad Valenciana en el mapa de la infamia y de la chirigota debido a la audacia e incluso la contumacia con que muchos y algunas de sus cofrades han conculcado el Código Penal.

Las consecuencias más evidentes de este desmadre han sido, como es notorio, la saturación de las instancias judiciales ante el aluvión de encausados y el desplome de las expectativas electorales del partido que nos gobierna. Las encuestas demoscópicas lo dejan claro y también gran parte de la feligresía pepera que se ve moralmente desarmada para explicar y menos justificar tanto desafuero. Añádase a ello el panorama social que nos aflige, con un millón y medio de valencianos en estado de exclusión social, según Cáritas y Foessa, y una pobreza rampante de la que únicamente se salvan los abogados penalistas, por la mucha faena; los médicos con clínica privada, por el desguace de la sanidad pública, y los administradores concursales, por la quiebra de los negocios. Son los beneficiarios de desgracia ajena. Como los zopilotes.