El juez pide a la Generalitat datos económicos sobre Vaersa desde 2007
Cuántas personas tuvo la plantilla, sus tipos de contrato o los contactos telefónicos entre departamentos, son parte de la petición
El juez instructor de la investigación de supuestas irregularidades en la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos) ha reclamado a la Generalitat información administrativa, laboral y económica sobre esta empresa pública entre los años 2007 y 2011. La investigación parte de tres denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por el sindicato CGT: una por la compra de 65 vehículos todoterreno por 1,4 millones de euros en 2010; otra por el pago de productividad a directivos y una tercera por el abono de 1,8 millones de euros a un letrado supuestamente contratado a dedo.
En un auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, reclama a la Vaersa información detallada de su plantilla, contratos laborales, certificación de sus ingresos, contactos telefónicos de sus directivos, memorias y cuentas anuales, finiquito del exdirector general Felipe Espinosa e informes de auditorías, de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat, entre otros.
Enrique Simó (que dimitió el pasado mes de noviembre) y su antecesor en el cargo, Felipe Espinosa, fueron detenidos el pasado 25 de junio encausados por malversación y, tras declarar, quedaron en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
El juez Ríos pide a la Consejería de Hacienda que informe sobre la identidad de los directores generales de la misma entre 2007 y 2011 y pide a Territorio documentación sobre la autorización del Consell para el pago de objetivos en 2008 y las tablas salariales del IVVSA y Vaersa en 2007. Respecto del exdirector general Felipe Espinosa, el juez rechaza el bloqueo de sus cuentas, solicitado por la policía judicial con el apoyo del Ministerio Fiscal, por entender que esta medida no está dirigida al esclarecimiento de los hechos, que los movimientos de dichas cuentas no ponen de relieve hechos importantes y que el bloqueo sería "desproporcionado y gravoso" para su familia.
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