La juez sospecha que la caja b en el PP de Ourense siguió con Baltar hijo

La declaración sobre supuesta financiación ilegal del PP ourensano realizada por el exgerente del partido Emilio Pascual ante la juez que instruye el caso Pokémon, Pilar de Lara, se ha visto “refrendada por la documentación”, de momento “incompleta”, que la instructora requirió a las empresas Planos y Telemiño (esta última negó públicamente cualquier irregularidad). De Lara emitió ayer un nuevo auto ratificándose en sus sospechas de que existió un “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” que se extendería más allá de la presidencia de José Luis Baltar en el PP de Ourense. La jueza amplía sus indagaciones a la etapa de José Manuel Baltar, hijo del anterior, e investiga hasta a 24 cargos del PP.

Basándose en un informe de Vigilancia Aduanera, De Lara sostiene que a partir de 2011, con el segundo de los Baltar al mando del partido, “se ha podido seguir con idéntico sistema [de supuesta financiación ilegal] si bien utilizando otras empresas para encubrir supuestos gastos del PP”. El auto autoriza a la policía judicial a recabar información sobre posibles facturas falsas emitidas a nombre de una larga lista de cargos. La juez pretende determinar si estos han colaborado en la comisión de supuestos delitos electorales además de “apropiación indebida, soborno, tráfico de influencias y falsedad documental”. Entre las nuevas empresas a las que la juez pide documentación figura Nacher Publicidad, SL, que habría emitido “facturas presumiblemente por gastos de publicidad en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte y del secretario general del PP ourensano y portavoz en el Ayuntamiento, Rosendo Fernández.

De Lara incluye además, para determinar en este caso si Planos emitió facturas falsas a sus nombres, a los dos Baltar y a los diputados autonómicos Enrique Nóvoa (exalcalde ourensano), Marta Rodríguez Vispo y Miguel Ángel Santalices, este último vicepresidente del Parlamento. Y, junto a ellos, al subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, y al actual secretario de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda. La lista la completan la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González; cuatro concejales de Ourense y seis exconcejales, entre ellos la actual gerente provincial del Sergas, Eloína Núñez. En el caso de Telemiño, la juez pide facturas emitidas a nombre del senador Miguel Ángel Pérez de Juan y de la concejal de O Carballiño Montserrat Caride.

De Lara cree que el PP pudo estar burlando la legislación electoral además de haber incurrido en presunta falsedad documental. La juez da credibilidad al testimonio del exgerente y alude a su información relativa a que la facturación en los años electorales “era abonada no por los candidatos, sino por el propio partido, generalmente en efectivo, y no se reflejaba en la contabilidad oficial porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas”. Además recaba documentación a las empresas Aquagest, Financiera y Comunicaciones Coruñesa, SL; Procedimiento de Aseo Urbano (PAU); Doal, SA, y Extraco.

La juez reitera en su nuevo auto que el hecho de que las donaciones no se reseñaran en la contabilidad oficial del partido “impide conocer el destino de tales sumas de dinero” y recuerda que el exgerente no descartó que parte del mismo “fuera a parar al bolsillo del señor Baltar”.

El PP ha hecho público un comunicado en el que, tras expresar su "máximo respeto" a los procesos judiciales y ponerse a disposición de la juez De Lara, recuerda que toda su contabilidad "fue auditada por el Tribunal de Cuentas" cada año "ajustándose la misma a la legislación vigente".