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OPINIÓN

Más espiados y más inseguros

Sin terrorismo y con cifras decrecientes de inseguridad, ¿qué sentido tiene vigilar las comunicaciones sin control judicial?

Después de la votación el pasado jueves de la llamada ley mordaza, en los próximos días es posible que se reforme la Ley de Enjuiciamento Criminal para, entre otras cosas, permitir que la policía realice escuchas de las telecomunicaciones sin autorización judicial. Con esta propuesta se abre la puerta al pinchazode conversaciones telefónicas, mensajería, correos electrónicos y uso de Internet desde móviles y ordenadores de todos los ciudadanos, sin la previa autorización de un juez, que sólo deberá ser notificado 24 horas después. Actualmente esto solo es posible legalmente en el caso de actuaciones terroristas o de bandas, y en todas las otras instancias la intercepción de las comunicaciones a través del sistema SITEL o de troyanos informáticos requiere una autorización judicial previa. Hay que demostrar que existen indicios creíbles, porque espiar a los ciudadanos supone una intromisión de la intimidad irreversible si finalmente la persona en cuestión no ha cometido ningún delito.

Pero hablar del espionaje masivo de las comunicaciones después de Snowden obliga a reconocer que en muchos países las capacidades y tecnologías de espionaje se utilizan de forma irresponsable y sin control democrático o judicial alguno. Gracias a Edward Snowden, el exempleado de la CIA que en 2013 reveló la existencia del programa PRISM de la agencia de inteligencia estadounidense, hoy sabemos que los servicios secretos de ese país rastrean y archivan datos de las comunicaciones que se producen en todo el mundo, a través de la intervención directa de los cables de comunicación o gracias a los permisos que les dan empresas como Google, Microsoft, Apple, Facebook, Dell, CISCO o Huawei. Como consecuencia, hoy somos un poco menos ingenuos sobre qué significa espiar en el siglo XXI. Y tenemos motivos para pensar que igual que Gran Bretaña cuenta con su versión patria del programa PRISM, es probable que los pinchazos, las puertas traseras y los rastreos extrajudiciales sean la norma también en nuestro país. Con o sin reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal.

Nos enfrentamos a un peligro incluso mayor que perder nuestra intimidad.

Hay una cuestión que va más allá de las garantías democráticas y las cuestiones éticas: ¿para qué sirve interceptar las comunicaciones? ¿Existe alguna certeza sobre el impacto de estos sistemas de vigilancia masiva sobre la eficiencia y eficacia de las policías y los servicios secretos? Al observador racional se le impone una pregunta ineludible: después de acabar con el terrorismo y cuando las cifras de inseguridad ciudadana bajan de forma sostenida en nuestro país ¿qué sentido tiene apostar por la intercepción de las comunicaciones? ¿Qué problemas queremos solucionar que no puedan solucionarse mediante procesos garantistas?

Es razonable temer que ciertas políticas sobre el uso de las tecnologías sigan una lógica que nada tiene que ver con la responsabilidad, la transparencia y la buena praxis. Temer que nuestros gobiernos pretendan legalizar una obtención de datos que no responde a los intereses ni de la ciudadanía ni de las fuerzas policiales e instancias judiciales encargadas de proporcionarnos la mayor seguridad posible. Temer que estemos poniendo en riesgo la privacidad de todos y todas sin que nadie, en ningún lugar, sepa por qué.

Si eso es así, nos enfrentamos a un peligro incluso mayor que perder nuestra intimidad. Si los gobiernos siguen abusando de sus capacidades tecnológicas y de los datos personales de la ciudadanía, más personas van a adoptar mecanismos de anonimización y encriptación de sus comunicaciones a través de herramientas como Tor, Tails, PGP, Enigmail, Cryptocat o cualquiera de las que florecen en un mundo en el que la ciudadanía cada vez desconfía más, con razón, de las instituciones públicas y de las grandes empresas que gestionan datos.

Este escenario pone sobre la mesa una paradoja de la que no podemos escapar: un mundo de comunicaciones secretas es un mundo más inseguro. Las policías democráticas dependen de la capacidad de interceptar las comunicaciones cuando existen motivos para ello. Es deseable que ante indicios razonables un juez pueda dictar la intervención de teléfonos y ordenadores. Pero si el uso irresponsable de esa capacidad lleva a que la gente adopte masivamente medidas de protección individuales, las intercepciones legítimas serán cada vez más difíciles. Las redes anónimas y encriptadas se convertirán en la norma, y el mundo será un lugar menos seguro. Como Ícaro, algunos pretenden volar cerca del sol sin darse cuenta de que sus alas son de cera, y en el camino consiguen que los defensores del espionaje legítimo no tengan más remedio que recomendar el uso de herramientas de autodefensa y encriptación. La avaricia rompe el saco.

Tener carta blanca para espiar y asustar con la aprobación de medidas que desprotegen espacios tan íntimos como las comunicaciones puede proporcionar a las fuerzas de seguridad una efímera sensación de control. Pero a medio plazo sabemos o deberíamos saber que estamos sentenciando precisamente aquello que decimos querer proteger. Así, no sacrificamos privacidad en pro de la seguridad: sacrificamos privacidad, seguridad y quizás incluso la posibilidad de reconstruir relaciones de confianza entre los ciudadanos y aquellos que dicen representarnos.

Gemma Galdon Clavell es doctora en Políticas Públicas.