La Comisión de la Transparencia estará adscrita al Gobierno

El Parlament aprobará la próxima semana la Ley de la Transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno, que obligará a la Administración a atender las peticiones de los ciudadanos y a volcar en un portal toda la información sobre su gestión. El objetivo es acabar con la opacidad y conocer la trazabilidad de un euro desde que se presupuesta hasta que se invierte. Un correo bastará para pedir los datos a la Administración sobre un contrato o una subvención. Si se rechaza, una comisión resolverá el caso. El órgano lo formarán entre tres y cinco juristas y documentalistas nombrados por 3/5 partes del Parlament y estará adscrito a un departamento de la Generalitat. CiU alega que el ente, según la ley, tendrá independencia orgánica y funcional y que se le asigna un departamento solo para que le transfiera recursos. ICV rechaza el organigrama.

Las dudas sobre la comisión. El Pleno del 14 y 15 de enero designará a los miembros de la comisión que empezará a trabajar en cuatro meses. El convergente Lluís Corominas aseguró que es muy garantista y que será “independiente” del Gobierno. Su función será examinar el caso denegado de forma rápida y gratuita que evite la interposición de un contencioso-administrativo. Gemma Calvet (ERC) ratificó que la autonomía de ente estará garantizada por cómo se designarán a sus miembros. Joan Mena, de ICV.EUiA, lo rechaza: “La Administración acabará siendo arte y parte”. Los ecosocialistas habrían preferido vincularla a la Oficina Antifraude a través de una modificación de sus Estatutos. Con todo, creen que es una fórmula mucho mejor que la aplicada por el Gobierno central que queda en manos del ministro Cristóbal Montoro.

El portal de la transparencia.Todos los organismos, partidos políticos incluidos, que administren recursos públicos o los privados que reciban subvenciones estarán obligados por ley a reportar información a ese portal. La idea es ampliar el que tiene abierto ya la Generalitat para incluir el apartado de la transparencia y linkarlo con los de los entes locales. El portal autonómico, que incluirá información sobre contratos, convenios o planes y toda la información económica, estará listo en seis meses. Los Ayuntamientos dispondrán de un año. “El portal nos permitirá saber indemnizaciones o dietas de los cargos que ahora no sabemos”, dijo Calvet.

Un simple correo. La ley estatal exige que los ciudadanos dispongan de un DNI electrónico y una clave para acceder al portal. No será el caso de la norma catalana. Según Corominas, un simple correo, sin necesidad de revelar el DNI, bastará para pedir los datos. La identificación completa solo será necesaria si se trata de dar en mano documentación.

Un simple correo, sin tener que aportar el DNI, servirá para solicitar información de la Administración

El silencio positivo. La Administración está obligada a facilitar la información que se le requiera —están excluidos, por ejemplo, la seguridad pública o sobre menores— y tendrá un mes para contestar. La norma recoge el concepto del silencio positivo, que refuerza la obligación de contestar. La no respuesta no debe interpretarse, por tanto, como un silencio administrativo. Esa fórmula no es muy habitual: está recogida en la Ley de Transparencia de Navarra y en un lander alemán. Queda ahora la duda de si el Gobierno central recurrirá ese artículo ante el Constitucional.

Registro de lobbies. La ley regula la creación de un registro de lobbies o grupos de presión que deberán dar cuenta de su agenda pública y asumir un código de conducta. Por contra, han quedado excluidas de la norma, pese a ICV y ERC, los bancos y las empresas de suministros pese a su papel de operadores públicos.

Las sanciones. Las sanciones las ejecutarán los organismos afectados. Es decir, si se trata de un consejero, lo hará el Gobierno y si es un edil, el alcalde. Todos los grupos —salvo CiU— apoyan la creación de un órgano colegiado por cuatro miembros para dictaminar la sanción de un alto cargo. Las multas oscilan desde la inhabilitación a los 12.000 euros.