El vicealcalde reaparece para aliviar la presión de Nóos sobre Barberá

“Ni me he escondido ni me escondo”, ha declarado este miércoles el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tras permanecer sin agenda pública desde que el juez instructor José Castro tomó declaración por segunda vez a los testigos hace unos 10 días. El número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia ha elegido comparecer este miércoles, en compañía de su abogado, para defender que está imputado a medias, que el Consistorio no tuvo nada que ver con el escándalo de Urdangarin —prueba de ello es que no hay acusación de la fiscalía contra él— y, de paso, aliviar la presión política sobre la alcaldesa, a la que el escrito del fiscal apunta, junto al expresidente Francisco Camps, como los que “acordaron verbalmente” que el instituto de Iñaki Urdangarin se encargara de las tres ediciones del foro Valencia Summit por 3,6 millones de euros.

Grau se ha aferrado al escrito del fiscal de Palma Pedro Horrach, que no ha presentado acusación contra él: “Es quien dirige la investigación y el defensor del interés general”, ha remarcado el vicealcalde, quien no comentó el encuentro que Barberá sostuvo con Urdangarin y del que supuestamente emanó la organización de tres ediciones del evento: “Lo desconozco. No puedo hablar de reuniones que no conozco. Faltaría a la verdad”, dijo.

Barberá rechazó que participara en la gestación de los convenios: “Quieren quitarnos del medio como sea, creando problemas, donde no los hay”, respondió cuando le interpelaron sobre la aseveración del fiscal. “No quiero volver a hablar siempre de lo mismo”, agregó, si bien recalcó que en las disposiciones finales del fiscal “no se menciona a mi persona”. La regidora sostiene desde el principio que los socialistas han utilizado el caso Nóos para desgastarla políticamente ante la imposibilidad de vencerla en las urnas.

El abogado del vicealcalde Jesús Bonet ha explicado que Grau no ha dispuesto de un auto de procedimiento abreviado que detalle qué se le imputa. “No ha podido recurrirlo ni solicitar pruebas, por eso consideramos que hay indefensión”, se extendió el letrado. El concejal del PP ha presentado un recurso de apelación ante la ausencia del citado auto, si bien el abogado ha reconocido que está técnicamente imputado.

Grau ha negado que fuera a dimitir después de que las acusaciones populares soliciten penas de 11 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para cargo público contra él. “Ya lo dije. Cuando exista una acusación firme y se dicte la apertura de juicio oral” presentará su renuncia porque es lo que establecen los estatutos del PP.

El vicealcalde ha retado al grupo socialista a que si al final se sobresee o archiva la causa contra su persona, dimita en bloque en el Consistorio. El portavoz socialista, Joan Calabuig, le devolvió la pelota a su tejado: “Nadie dimitirá por defender los intereses de los valencianos”.

El concejal salió al paso también de la versión de dos testigos del caso, que declararon los pasados 28 y 29 de noviembre que fueron citados en la sede de la fundación por la subdirectora de Turismo Valencia para preparar sus testimonios antes de comparecer ante el juez Castro.

El edil —que admitió que estuvo en la primera reunión— dijo que se les ofreció a los testigos la posibilidad de revisar las actas de unos hechos acaecidos 10 años atrás. “Entonces no estaba imputado”, se defendió Grau. Negó haber participado en el segundo encuentro, al que solo acudieron tres de los testigos. Nadie les indicó lo que tenían que decir, comentó su abogado, que, sin embargo, no quiso facilitar sus nombres. Según los abogados de la acusación, varios testigos variaron o matizaron su primera versión en su segunda comparecencia ante Castro.