Los furtivos salen de las sombras

Escarban para sobrevivir. Extraen el sustento de la arena con la bajamar camuflados en la noche. Si la demanda tira y la marea lo vale, también bajan de día a remover el fondo con el raño para que afloren los bivalvos. La ría es su única fuente de ingresos. La renta mínima que los separa de la indigencia o del atraco, dicen. Lo que da de comer a sus hijos, paga las facturas y los arreglos de casa.

 Unos 80 mariscadores furtivos de la ría de Ferrol han dado un paso al frente desde el anonimato para reclamar un carné. O lo que es lo mismo, el derecho a trabajar sin esconderse en lo que saben hacer desde hace años. Son los mismos que esquilman los bancos de O Couto (Narón) y As Pías (Fene); el Montón, Caranza y A Malata, y otros recodos de la orilla norte de una ría muy sucia y sin depurar aún. Llevan años de espaldas a la ley, ocultando la cara y arañando almejas y berberechos a hurtadillas a la espera de un permex (permiso de explotación) que nunca llega.

Una noche de finales de noviembre invitan a EL PAÍS a acompañarlos en la faena, a la luz de la linterna que se ajustan en la frente como mineros del fondo de la ría. “No somos delincuentes, queremos currar sin escondernos”, defiende Carlos N., para recordar que el furtivismo es una falta administrativa, no un delito. Su mujer y su hijo dependen de lo que recoge cada madrugada. Una buena noche, con suerte, le supone 40 euros, a cuatro o cinco el kilo de almeja, la mitad de lo que costaría en la lonja. A Antonio —nombre ficticio— la vida se le puso cuesta arriba cuando la crisis soltó la maza sobre el naval. Tiene cuatro hijos y un quinto en camino. Trabajó casi una década en una auxiliar de Navantia hasta que la grada empezó a flojear y la empresa lo echó. Hace cuatro años que agotó todas las prestaciones y sin lo que saca del mar, la nevera estaría a cero. A Joaquín, —otro nombre ficticio que elige el protagonista— la marea le pagó hace poco los 9.000 euros de la reforma del piso. Empezó “demasiado joven”, dice, y la espalda se resiente ya. Mover el raño cargado de arena mojada equivale a zarandear unos 30 kilos, calcula este furtivo que aún no ha cumplido los 26. Tras la muerte de su padre, las facturas se acumularon y él se hizo cargo. En épocas de controles más relajados, hacía 200 euros por la mañana y 200 más por la tarde. Al resto, esas cantidades ya les suenan astronómicas.

Los mariscadores sin carné se plantaron semanas atrás ante la delegación de la Xunta en la ciudad y ocuparon el vestíbulo del Ayuntamiento. Regresaron al día siguiente a pedirle al alcalde, José Manuel Rey (PP) que interceda por ellos ante la Xunta para que les den permisos. “Si quieren guerra, la tendrán”, afirman sin reparos.

En la ría faenan tres cofradías: Ferrol, Barallobre (Fene) y Mugardos, sostén de unas 400 familias en la comarca con más paro de Galicia. La Consellería do Medio Rural e Mar autorizó 105 permex a flote en Ferrol (77) y Fene (28) y 137 permisos más para barcos tripulados. A pie, son 53 para Fene, 60 para Mugardos y solo uno para Ferrol. “Un millón de metros cuadrados de ría y sólo hay un carné a pie”, cuestionan los furtivos, convencidos de que con otro plan de explotación la ría podría dar para todos. La mayor parte de las zonas productivas están vetadas o condicionadas en la extracción directa por su potente carga fecal, que obliga a los pósitos de Fene y Ferrol a purgar el marisco en aguas más abiertas con tres bateas experimentales en la bocana de la ría.

Carlos y sus compañeros cuentan que se han hartado de ocultarse, de que les decomisen los trajes de neopreno y los capazos después de tres o cuatro horas sumergidos hasta el pecho en el agua helada. De que los inflen a multas (alguno reconoce que tras muchos años ha acumulado hasta 140.000 euros en sanciones), de “los palos de la policía”, denuncian, y de volver a casa ateridos bajo un plástico amarillo. Se quejan de que se les criminalice socialmente por recoger unos pocos kilos de marisco que, aseguran, venden a los mismos mayoristas que los mariscadores legales por la mitad de dinero. “Si a ellos se lo pagan a diez el kilo, a nosotros a cuatro, pero el que nos compra es el mismo”, insiste una de las pocas mujeres del grupo. “La única diferencia entre ellos y nosotros es la cartulina de la Xunta”, razona. Casada con otro furtivo, la mujer denuncia que hay mariscadores con permex que venden parte de sus capturas en negro porque sobrepasan su cupo legal.

Fuentes de la cofradía ferrolana admiten que esos casos ocurren, mientras los guardapescas apuntan a los compradores como pieza clave para atajar la sangría del furtivismo. “Si hay quien les compra, claro que vuelven al día siguiente. Es dinero en mano y el mismo comprador que en lonja”, reconoce Javier Mareque, veterano vigilante del pósito de Ferrol, cansado de denunciar insultos y agresiones de los ilegales y de señalar a los distribuidores. La Xunta sostiene que es una actividad perseguida por la ley que implica un riesgo para la salud y supone un “agravio” para los legales. “Si en algún momento hubo enfrentamientos es porque se mostraron violentos”, justifica un portavoz de la Consellería de Mar. La ley les ampara para incautarse de los trajes y los aparejos que emplean.

Bromean, cooperan y se han buscado un asesor, que no es otro que Bernardo Bastida, expatrón mayor de Ferrol, ya retirado, y que se significó por su frontal oposición a la planta de gas de Reganosa. Una pelea que perdió y que lo llevó a dormir 15 días en la cárcel por el cierre de la ría, en mayo de 2007. En su día, Bastida se había puesto al frente de otro grupo de mariscadores furtivos que logró regularizar su situación y ampliar el número de carnés. Ahora se ha prestado de nuevo a ayudarlos para tratar de repetir el triunfo.