Botella renuncia al plan urbanístico
El Ayuntamiento admite que no tendrá tiempo de aprobar el documento
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha renunciado a aprobar en los cinco meses que le quedan de mandato el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por falta de tiempo para completar los trámites administrativos, y al considerar que una cuestión clave para el futuro de la ciudad no puede verse sometida a la confrontación electoral.
La “Constitución urbanística” de la capital, tal y como ha indicado a EL PAÍS el director general encargado desde 2011 de este proceso, José Luis Infanzón, quedará en manos del próximo Gobierno municipal, emanado de las urnas en las elecciones de 2015. Botella ya ha anunciado que no será candidata en esos comicios, en los que los sondeos auguran que el PP perderá la mayoría absoluta.
Queda así en el aire un plan que preveía, entre otras medidas, crear bulevares en las principales vías de la ciudad, regenerar Delicias y Villaverde, renovar el área de Madrid Río, flexibilizar los usos del suelo y cambiar el catálogo de edificios protegidos.
La elaboración del PGOU, “un proceso largo y complejo”, según Infanzón, tiene cuatro etapas clave: el avance (“parte de las necesidades y problemas detectados, y formula criterios y objetivos generales”); la aprobación inicial de un “documento complejo que recoja las propuestas en materia de estructura del territorio”; su aprobación provisional por el pleno municipal, tras los informes preceptivos y las aportaciones ciudadanas, y la aprobación definitiva por el Gobierno regional (PP).
El documento del avance se concluyó en noviembre de 2013 y fue sometido a información pública hasta marzo. El Ayuntamiento solicitó al Gobierno regional un análisis vinculante de sostenibilidad ambiental y otro de impacto territorial, además de 54 informes sectoriales a otras Administraciones (desde municipios limítrofes hasta el Ministerio de Fomento o la Confederación Hidrográfica del Tajo). El área local de Urbanismo aún no ha recibido los dos informes de la Comunidad de Madrid; esta requirió información adicional antes del verano, que se le mandó en octubre.
IU pidió aplazarlo hasta después de mayo para asegurar el consenso político
“Ya no hay tiempo para una aprobación definitiva antes de mayo. Es muy difícil hacer todo el trabajo en cuatro años, no se logró ni con el PGOU de 1985 ni con el de 1997, ahora en vigor, que tardó siete años en tramitarse. Trabajamos muy duro, pero dependemos de muchas Administraciones”, señala Infanzón.
Para concluir el documento de la aprobación inicial “sí habría tiempo”, si llegan los informes regionales, pero el Ayuntamiento ha decidido dejarlo “para que sea el próximo Gobierno municipal quien decida si continúa adelante con este proceso, introduce cambios o lo deja de lado”. “No es responsable hacer una aprobación inicial a pocos meses de las elecciones”, considera Infanzón.
Una vez que el pleno diera su visto bueno, se abriría un proceso de alegaciones de varios meses, y serían precisos más informes. Pero también se suspendería automáticamente la concesión de licencias en todos los ámbitos en los que el nuevo plan no coincida con el anterior. Eso, que ya en circunstancias normales es “muy complejo”, con un cambio de gobierno entre medias, causaría “la paralización de la ciudad”. “Lo razonable es hacer una aprobación inicial sólo con la seguridad de que en un periodo no muy largo, en 12 o 18 meses, se puede llegar a la definitiva”, asegura Infanzón.
Así, el Ayuntamiento se conforma con concluir la aprobación del avance, que ha recibido 3.700 sugerencias durante el trámite de información pública.
El PP reconoce que el fallo del Supremo contra los PAU retrasó el proyecto
“Da tiempo a que el pleno apruebe un documento completo con el diagnóstico de los problemas de la ciudad y las propuestas iniciales para resolverlos”, señala Infanzón. Y “el que venga podrá decidir si continúa con él y va a una aprobación inicial en poco tiempo o introduce modificaciones sustanciales y genera otro tipo de plan para la ciudad”.
El líder municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, pidió en septiembre la paralización del proceso: “No entendemos el empeño por llevar adelante el documento quizá más importante de la ciudad contra viento y marea. Todo indica que la mayoría absoluta va a sustituir al deseado consenso: o se trata de la soberbia del poder, o de garantizar ámbitos de negocio futuro que no son los que tiene la mayoría de la sociedad”. Botella le contestó: “Voy a seguir trabajando hasta el último día y no voy a retirar el PGOU”.
Los tiempos, sin embargo, han jugado en su contra. En parte, como admite Infanzón, por la necesidad de elaborar, en paralelo al nuevo proyecto y en el plazo récord de 10 meses, una revisión del plan en vigor tras la sentencia del Tribunal Supremo que mandó al limbo los nuevos barrios del este y el sur de la ciudad. La urgencia por resolver un problema que afectaba al 15% del suelo de la ciudad (incluidos Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la ampliación del aeropuerto de Barajas) dejó en segundo plano el nuevo PGOU.
Ahora quedará en manos del nuevo alcalde, sea quien sea.
De la burbuja del ladrillo al “Madrid de los próximos 25 años”
El Plan General de Ordenación Urbana fue una de las principales promesas de Alberto Ruiz-Gallardón para las elecciones municipales de 2011. “Tenemos que pensar en el Madrid de los próximos 25 años”, dijo en septiembre de 2010, tras dos mandatos en los que invirtió 10.000 millones de euros en infraestructuras y transformaciones tan importantes como el soterramiento de la M-30. Gallardón ganó los comicios con mayoría absoluta en mayo, y en diciembre dejó el Ayuntamiento en manos de Botella.
En su discurso de investidura, la alcaldesa se comprometió a dejar redactado el nuevo plan, “el instrumento político de mayor alcance que posee el Ayuntamiento”. “Pensemos juntos el Madrid que queremos para el futuro, pensemos la ciudad en la que nos gustaría vivir”, aseguró.
Días antes se había puesto en marcha el proceso, al que se invitó a partidos, universidades, organizaciones sociales y vecinales, colegios profesionales, empresarios, ecologistas, arquitectos, etcétera, pero también a los ciudadanos, a disposición de los que se puso una ambiciosa página de Internet y herramientas de participación por redes sociales.
Para incentivar esa participación, se elaboró un preavance, un documento inicial al que no obliga la Ley del Suelo. Antes, en abril de 2012, se habían publicado las conclusiones del análisis del PGOU en vigor desde 1997.
Pese a que este fue elaborado también por el PP (bajo el mando de José María Álvarez del Manzano), el dictamen del equipo actual de Urbanismo fue demoledor: se optó por exprimir todo el suelo disponible, convirtiendo en urbanizable y casi exclusivamente residencial el doble de superficie de la que ocupa la almendra central. Entre 1997 y 2011 se concedieron licencias para 262.553 viviendas; hay otras 200.000 proyectadas, pero aún sin construir. Pero la escalada de precios impidió solucionar el problema de acceso a la vivienda, todo lo contrario. Y el estallido de la burbuja dejó barrios enteros a medias y cientos de miles de pisos vacíos.
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