El grupo municipal socialista de Alicante gastó 6.000 euros sin justificar

Los socialistas en el Ayuntamiento de Alicante cerraron su contabilidad del 2013 con una factura de 6.000 euros sin justificar que Ferraz se pasó año y medio reclamando sin éxito. La cantidad fue transferida en octubre de ese año desde el grupo municipal socialista al PSOE con la aprobación del portavoz socialista Miguel Ull y partió del fondo de 17.000 euros anuales que el Ayuntamiento destina al grupo municipal para su funcionamiento interno.

Lo que en un inicio parecía una pataleta de la alcaldesa Sonia Castedo, quien acusó al PSOE de malversación en el pleno celebrado el pasado viernes, puede convertirse en el enésimo campo de batalla del grupo municipal socialista, partido dividido en dos facciones desde mitad de legislatura. Miguel Ull explicó a través de un comunicado que el pago sirvió para costear la representación legal del partido en dos investigaciones judiciales del caso Brugal en las que se encuentra imputada Castedo. “Es completamente legal destinar fondos del grupo al partido”, recordó el concejal amparándose en la Ley 8/2007 sobre la financiación de partidos.

Sin embargo, según las fuentes consultadas del partido, el pago es irregular. El PSOE tiene la obligación de incluir los gastos justificados de sus grupos municipales en la contabilidad que presenta ante el Tribunal de Cuentas y por eso Ferraz reclamó una factura con el nombre del abogado. Por hechos similares, el tribunal ya fiscalizó en Torrevieja a los grupos políticos que no justificaron el gasto de sus subvenciones municipales.

El pago fue ordenado a Ull por el secretario general de los socialistas alicantinos, el senador y alcaldable, Gabriel Echávarri. Él mismo informó a la asamblea general socialista de la transferencia, según fuentes del partido. Sin embargo, durante la reunión del grupo municipal que dio luz verde a la operación, varios ediles expusieron sus dudas sobre su viabilidad, “por cuestiones estéticas, sobre todo”. El momento actual, inciden las fuentes, pide además transparencia a los partidos mayoritarios, muy cuestionados en las encuestas por la ciudadanía.

“No tengo claro si es legal”, consideró Gabriel Moreno, ex portavoz del grupo y miembro de la anterior dirección del grupo municipal junto a Elena Martín, la que fuera candidata a alcaldesa en la lista de 2011. El concejal aludió a “sentencias que reconocen situaciones similares como una financiación de los partidos al margen de la financiación reglada, aunque también otros dictámenes lo han calificado de malversación”. “Desde luego”, añadió Moreno, “con la anterior dirección nunca se hizo gasto que no fuera para el funcionamiento del grupo”.

En esta y otras legislaturas el grupo socialista sí ha realizado pagos por representación legal (nunca del partido, que no está personado en el caso Brugal), pero siempre cheques nominativos en los que costaba quién iba a cobrar la cantidad. En dos ocasiones durante esta legislatura, ocurrió con cheques por valor de 3.000 euros, cada uno a nombre de letrados que fueron parte en el caso Brugal. En el pasado, se procedió igual en casos como el de Mercalicante, en el que los concejales socialistas se personaron en contra de la gestión que el exalcalde del PP, Luis Díaz.