El alcalde de Vila-real: “El decreto de fiscalía está plagado de anormalidades”

El alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch, ha criticado duramente el decreto de la fiscalía de Castellón por el que se le ha denunciado por posibles delitos de malversación y falsedad documental en la contratación directa de la empresa Ypsilon para servicios de marketing en el consistorio. “Es un decreto histórico por la cantidad de anormalidades que contempla, no tiene ningún sentido, no sabemos de qué se nos acusa, aporta una vaga descripción de facturas y ni tan solo lo firma la fiscal instructora”, ha manifestado durante una rueda de prensa ofrecida este viernes.

Fue el mismo regidor quien dio a conocer públicamente la denuncia de la fiscalía el mismo día en que le fue comunicada. En el escrito de la fiscal instructora se recoge que el pasado 5 de mayo recibió de la Fiscalía Anticorrupción una denuncia presentada por el grupo municipal del PP en Vila-real por la contratación de la citada empresa mediante decreto de alcaldía de 2012. La fiscal cita tres facturas de ese año y afirma que obedecen a un mismo concepto: “…cuarto abono según el acuerdo y decreto de alcaldía de 22 de junio de 2012”. De ellas sostiene que “podría tratarse de un error”, ya que no exceden en pago a la citada resolución. Pero habla posteriormente de otras facturas, ya en el año 2013, que “exceden el límite de los 18.000 euros para la contratación directa” que regula la Ley de Contratos en el Sector Público porque, sostiene, no hay constancia de que se trate de un servicio diferenciado al contratado mediante el decreto de alcaldía de 2012.

Por último, el escrito de la fiscalía habla de una tercera factura por importe de 3.267 expedida por Ypsilon que “pudiera corresponder” a unos servicios encargados y facturados a otra firma.

La fiscal instructora considera que de ello se desprende una posible comisión de un delito de malversación del artículo 305 del Código Penal y un delito de falsedad documental del artículo 392 contra el alcalde, dos ediles socialistas (Emili Obiol y Sabrina Escrig) y la administradora de Ypsilon, Yolanda Souto.

Esta denuncia de la fiscalía ya ha sido trasladada a los juzgados de Vila-real para que los acusados sean citados en calidad de imputados. José Benlloch se ha mostrado muy crítico con la actuación porque ha asegurado que el Ministerio Público ni tan siquiera se ha dirigido al Ayuntamiento para pedir las facturas que han sido puestas en entredicho. “¿No podría ser que la documentación aportada pudiera ser falsa?”, ha dicho al apuntar que la fiscal no ha solicitado las facturas oficiales. Tampoco le han citado a declarar. “Esto me ha generado una indefensión tremenda”, ha indicado.

Benlloch ha insistido en que en su día se detectó algún error en la facturación de este servicio pero se corrigió en tiempo y forma y que no hay nada que cuente con el reparo de la Intervención municipal. El regidor ha llegado a deslizar la posibilidad de que el PP haya presentado una denuncia falsa porque, ha asegurado, esta contratación pasó por una comisión de investigación y ya se aportó en su día toda la documentación. “Algunas facturas se modificaron, a lo mejor no han dado a la Fiscalía lo que tocaba”, ha insistido.

El alcalde ha hablado de “cacería” política y ha asegurado que no dimitirá cuando sea imputado por malversación porque no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse de la acusación.

El portavoz del PP en Vila-real, Héctor Folgado, no ha hecho ninguna declaración desde que se dio a conocer la denuncia de fiscalía. Desde el partido solo se ha emitido un comunicado apelando al “total respeto” ante la actuación de la justicia.