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A Coruña desaloja entre porrazos a una familia para hacer 2.000 pisos

El bombero sancionado por negarse a otro desahucio se moviliza por los vecinos

A Coruña desaloja entre porrazos a una familia para hacer el Parque Ofimático de A Coruña

En medio de un enorme despliegue policial, protestas de vecinos indignados y mucha tensión se llevó a cabo la orden del Ayuntamiento de A Coruña de desahuciar a Isabel, de 72 años, de la casa de dos plantas con huerta en la que nació. Su reconversión en un amasijo de escombros fue inmediato tras desistir del encierro iniciado la víspera por el hijo y el nieto de Isabel que también residían allí, así como por un buen puñado de activistas de Stop Desahucios. La propietaria no acudió, muy afectada por la expulsión de su vivienda ordenada no por algún impago o deuda, sino por ser una de los muchos afectados por un tan polémico como tortuoso proyecto inmobiliario de la Xunta, la construcción recién iniciada de unos 2.000 pisos en el llamado parque ofimático. Una urbanización residencial bautizada así porque el proyecto original era hacer un polígono de oficinas.

Fue Álvaro, el hijo de Isabel que además de su casa perdió el local de su negocio, un taller de motos, el que al final, tras meses de protestas y resistencia, decidió tirar la toalla y aceptar, sobre las 13.30 horas, desalojar la vivienda. Fue inmediatamente derribada. Hacía cinco horas que había logrado entrar la comisión judicial encargada de llevar a cabo el desahucio de la casa de Isabel y Álvaro así como de otras cinco del barrio de Elviña, situadas enfrente del parque ofimático y destinadas en principio a dotar de servicios a la futura barriada. De nada sirvieron las protestas de vecinos y activistas de Stop Desahucios. Tres de ellos —entre los cuales estaba el bombero Roberto Rivas que se negó hace año y medio a colaborar con el desalojo forzoso de otra anciana de A Coruña, Aurelia Rey— permanecieron subidos al tejado de la casa toda la mañana.

La policía nacional, que movilizó una decena de furgones, repartió porrazos durante el forcejeo que se produjo con decenas de personas, entre ellos los concejales del BNG y Esquerda Unida, que se movilizan desde hace semanas contra la anunciada expulsión de estos vecinos.

“Son familias, no terroristas”, “Elviña no se vende” y “Resistencia” fueron los gritos más repetidos en la manifestación que originó un cordón policial tan grande que obligó a cortar al tráfico el acceso al campus universitario y ocasionó durante las primeras horas de la mañana grandes atascos en la avenida Alfonso Molina, la principal vía de entrada y salida de A Coruña que separa precisamente el barrio de Elviña de la futura promoción residencial de la Xunta.

Una mujer detenida durante el deshaucio ampliar foto
Una mujer detenida durante el deshaucio

Los afectados por el desahucio de ayer fueron, como muchos otros anteriormente, expropiados por la fuerza de sus propiedades y reconvertidos, también por obligación, en promotores del futuro parque ofimático. El problema es que no vieron un céntimo del dinero que la Xunta les dio por sus propiedades dado que fue directamente destinado, sin alternativa, a cubrir gastos de urbanización de la nueva barriada. A Isabel y su familia les tocaron en teoría 197.000 euros por la casa con huerta en la que vivían, así como un terreno de 500 metros cuadrados en el ofimático. Pero no sólo no recibieron la compensación económica por su propiedad, sino que fracasaron todos sus intentos de lograr algún promotor interesado en construir en ese solar del nuevo barrio.

Los desahuciados tampoco tienen dinero para realojarse en esas parcelas. Hace sólo tres días que el equipo del alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), accedió a proponer a Isabel un piso de alquiler social, una oferta que está aún por concretar, según confirmó la abogada de la familia. Los afectados por el contestado desahucio “son promotores”, insistió ayer el regidor. Y para defenderse del aluvión de críticas, Negreira se refugió en su obligación de “hacer cumplir la legalidad vigente, que es una orden judicial” de desalojo. En realidad se refería el alcalde a la autorización que su gobierno decidió en pleno agosto reactivar, recurriendo a un juez, para expulsar a 12 familias de Elviña que aún se resistían y seguían viviendo en sus propiedades. El equipo de Negreira les aseguró entonces que no se preocuparan por la carta instándoles a dejar sus casas cuanto antes, que hicieran caso omiso.

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