Andalucía planta cara a Rajoy por usar datos “falsos” sobre la vivienda

El Gobierno central aportó “datos falsos” al Tribunal Constitucional para suspender la ley andaluza de la Función Social de la Vivienda, en dos de sus aspectos más destacados: la expropiación temporal de la vivienda para impedir los desahucios y las sanciones a las entidades financieras por mantener las casas vacías. El Parlamento autónomo aprobó ayer una iniciativa de Izquierda Unida, a la que se sumó el PSOE, en la que se insta a entablar una doble batalla jurídica —a través del gabinete de la Junta y del propio Parlamento— ante el Tribunal Constitucional para que levante la suspensión cautelar. El PP votó en contra.

El recurso planteado por el Gobierno central el 18 de diciembre de 2013 se basó, entre otros documentos, en un informe de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, del que “ha quedado acreditado que incluyó datos falsos”, aseguró la diputada de IU Inmaculada Nieto. También la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, calificó de “falsedad” la argumentación del Gobierno para amputar la ley antidesahucios en respuesta a una pregunta del portavoz de IU, José Antonio Castro.

En la demanda ante el alto tribunal, el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó que las expropiaciones provocarían “una pérdida absoluta de valor de la cartera traspasada a la Sareb”, porque los inversores se asustarían ante una norma que “permite al adquirente permanecer tres años en ella sin satisfacer renta alguna al propietario”.

El banco malo dijo que los cálculos de VPO eran “una simple estimación”

El informe de la Sareb, que utilizó el Gobierno para su recurso, aseguraba que la sanción por mantener casas vacías podría suponerle una multa por un importe global de 57,4 millones de euros. Según los datos aportados entonces, el banco malo cifraba en 6.379 las viviendas en Andalucía de las que 911 eran de protección oficial. Sobre este último dato actuó la Consejería de Fomento, ya que la ley sigue en vigor en cuanto a la obligación legal de facilitar a los registros municipales el listado de VPO. Fomento sancionó con 120.000 euros a la Sareb por no comunicar su inventario de inmuebles protegidos y abrió otro procedimiento por no ponerlos a disposición de los registros municipales. En el proceso de alegaciones, el banco malo rectificó el dato de las VPO que tenía en cartera: no eran 911, sino 98. “Se trata de un número sensiblemente inferior al de 911 inicialmente estimado”, dice la Sareb en un escrito enviado a la Junta, que admitió que se basó en elaborarlos “en meros datos globales de volumen de viviendas, calculados mediante un proceso de simple estimación”.

PSOE e IU acusan al Gobierno central de “mentir y hacer trampas”

Fomento estima que si las 98 VPO no están a disposición de los registros municipales la sanción podría ascender a 11,7 millones de euros. Por este motivo, el departamento que dirige Elena Cortés ha multado con 5,8 millones de euros al Banco Popular y otra de 120.000 euros al Banco Sabadell.

La portavoz del área de Vivienda del Partido Popular, Alicia Martínez, negó que el informe de la Sareb fuera el argumento principal del recurso, sino el de “garantizar el cumplimiento de la Constitución y la igualdad de los españoles”.

Nieto consideró “un escándalo que el Gobierno mintiera”, mientras el socialista Enrique Benítez lamentó que se hagan “trampas” desde las instituciones para evitar que Andalucía “marque su propio camino contra los desahucios”. Susana Díaz dudó de que el Gobierno rectifique y pidió celeridad al Constitucional.