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La Generalitat responde a Barberá que se centre en buscar solución a la feria

La alcaldesa había declarado que la institución ferial estaba siendo "destrozada" La regidora lo atribuyó a "intereses, historias y persecuciones políticas"

Ignacio Zafra
Edificio principal de Feria Valencia.
Edificio principal de Feria Valencia.jesús ciscar

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha evitado este martes alimentar la polémica en torno a Feria Valencia. La institución está siendo investigada por la fiscalía por los supuestos sobrecostes y gastos injustificados durante su ampliación detectados por la Intervención de la Generalitat, un órgano que pertenece al departamento de Moragues aunque según ha destacado el consejero "tiene indenpendencia funcional". El informe afectó indirectamente a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que preside el patronato de la feria. Y el lunes la alcaldesa, a preguntas de los periodistas afirmó: "Me parece fatal que se esté destrozando la feria desde algunos intereses, por otras historias y persecuciones políticas".

Preguntado por las declaraciones de Barberá, el titular de Hacienda que comparecía en un acto junto al líder de la patronal autonómica y presidente de la feria, José Vicente González, declaró: "Pero tenemos que centrarnos en lo principal, que es que Feria Valencia es una institución crucial y fundamental para la Comunidad Valenciana, una institución tractora y motora de la actividad económica. Y la investigación de la fiscalía, con la que hay que colaborar, no tiene que enturbiar la búsqueda de esa solución y viabilidad. Lo que tenemos que hacer todas las Administraciones públicas es seguir en ese grupo de trabajo y encontrar esa solución".

La impresión más extendida es que, a raíz del informe de la Intervención y de la investigación abierta en fiscalía, el Ayuntamiento, que comparte responsabilidad con la Generalitat en feria, ha perdido interés por el grupo de trabajo que tenía como objetivo desbloquear la situación en que se halla el reciento y hallar una salida técnica para cumplir con los mandatos de distintas instituciones que consideran pública a la institución al tiempo que se la dota de flexibilidad.

Tanto Moragues como González han evitado señalar directamente al Consistorio como responsable del frenazo en las negociaciones. Pero con sus palabras han llamado una y otra vez a dejar las polémicas y acusaciones y ponerse a trabajar.

"Es verdad que los últimos acontecimientos, tanto el informe de la Intervención de la Generalitat como posteriormente de la fiscalía, plantean dudas sobre cuál es el camino más correcto a seguir. Y eso ha exigido que todos los participantes en el grupo de trabajo tengan que recapitular y ver las posibles salidas", ha afirmado González. "Lo que deseo es que el grupo de trabajo vuelva a tener la velocidad de crucero que tenía antes y lleguemos a una solución que permita que la feria sea lo que tiene que ser y tenga el impacto que tiene y que en la ciudad de Valencia y sus alrededores". El líder empresarial ha adelantado que el año que viene "hay previstos 70 ferias y eventos, hay que trabajar en eso".

González ha tratado de rebajar la tensión al agregar: "Lo que ha pasado, ya ha pasado. La Intervención y la Fiscalía tendrán la máxima colaboración necesaria. Todo lo que nos pidan será entregado y si creemos que hay algo relevante, aunque no nos lo pidan, también, con transparencia absoluta. Pero eso es una cosa, que seguirá el proceso que sea".

El consejero y el presidente de Cierval han reiterado que están convencidos de que el Ayuntamiento tiene "la misma voluntad" de hacer de la feria una institución "rentable y tractora". Pero no han sabido precisar cuándo retomará la actividad el grupo de trabajo -"me gustaría que empezáramos mañana y si puede ser esta tarde, mejor", había dicho González-. Ni qué hace falta para que se materialice el "empujón final" que, según Moragues, queda para despejar "el futuro de la feria".

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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