Anulado el segundo ERE de Vaersa por negar información a los sindicatos

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) ha declarado nulo el segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa pública Vaersa, adscrita a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en una sentencia de 18 de noviembre que estima las demandas interpuestas por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y por CC OO. El juez considera que "la empresa no cumplió con el deber de negociar de buena fe, lo que vicia de nulidad del proceso de modificación sustancial instado". El fallo supone que la empresa deberá reponer a los trabajadores afectados en las mismas condiciones laborales anteriores a las modificaciones.

Fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha explicado que estudiarán la sentencia para ver si cabe interponer un recurso ante el Tribunal Supremo y han asegurado que el segundo ERE se planteó "para no tener que despedir a nadie" sino "repartir el trabajo" mediante cambios en las categorías profesionales y periodos de trabajo.

La empresa planteó la necesidad de modificar las condiciones a 98 personas de diferentes categorías y centros de trabajo argumentando causas organizativas, productivas y por las reducciones presupuestarias en varias encomiendas de gestión del ejercicio 2014. Entre las medidas propuestas por la empresa para ajustarla las encomiendas y presupuestos adjudicados, estaban la reducción de salarios, la reducción del periodo de contratación o el cambio de categoría que afectaba a personal de segunda y tercera categoría laboral.

Como durante el periodo de consultas no hubo acuerdo entre empresa y sindicatos, tanto FSP UGT como CC OO, iniciaron un conflicto colectivo el 25 de abril de 2014 para que, según la sentencia "se declarasen nulas o subsidiariamente injustificadas las modificaciones de condiciones de trabajo y novaciones contractuales".

Aunque la empresa alegó al inicio de las consultas que el ERE se justificaba por la reducción de las nuevas encomiendas, el TSJ valenciano critica que los sindicatos no recibieran toda la información disponible y señala que "resulta esencial que las partes negociadoras tengan cabal conocimiento de los términos en que ha variado la situación de la empresa desde la anterior encomienda a la presente" sin que pueda sustituirse tal cotejo por informes realizados por personal de la propia empresa.

El juez remarca que la empresa disponía de la documentación de la encomienda de gestión para 2013 por lo que "su no aportación, fundada siempre en evasivas, tras haber sido solicitada por las organizaciones sindicales, supone un quebranto del deber de buena fe negocial, ya que implica privar de forma intencionada a la representación de los trabajadores de datos esenciales para lograr un acuerdo". Por ello, considera que la empresa "no cumplió con el deber de negociar de buena fe", quedando viciado el proceso.

El primer ERE de la empresa pública fue declarado nulo ya por el TSJ en 2013 mediante una sentencia que obligaba a readmitir a 278 empleados despedidos. La Consejería de Infraestructuras ha precisado este viernes que tras ser declarado nulo por el TSJCV, el Tribunal Supremo rebajó "un grado" esta decisión en segunda instancia, al declararlo improcedente.

Para UGT-PV, esta sentencia "llega en un momento en el que el modelo de gestión empresarial basado en las encomiendas de gestión renovables anualmente se encuentra muy cuestionado por los tribunales, la consejería de Hacienda y Administración Pública, la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el Síndics de Comptes y las auditorías internas". Además, ha agregado, "ya son tres los exdirectores de Vaersa imputados debido a la mala gestión, en algunos casos por sobrecostes en los contratos", todo ello "en vías de investigación y resolución judicial".

Asimismo, recuerda el sindicato, se ha anunciado recientemente un nuevo ERE, el tercero desde 2012, que afecta a número aproximado de 80 personas, y mientras tanto "la empresa sigue sin haber abonado las indemnizaciones a un número importante de trabajadores afectados del primer ERE (que supuso un despido de 197 personas)". Por ello, de materializarse un nuevo tercer ERE, la FSP UGTanuncia ya que interpondrá la correspondiente demanda colectiva.