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Ferrer sustituye al imputado Ripoll en la Autoridad Portuaria de Alicante

El presidente de la Genereralitat anuncia que el actual director presidirá el puerto

Juan Ferrer, el actual director de la Autoridad Portuaria de Alicante, sustituirá en la presidencia a José Joaquín Ripoll, imputado en una causa de corrupción por su anterior gestión en la Diputación de Alicante. El relevo se hará efectivo este viernes. Lo ha anunciado este jueves el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante una visita al casino de Castellón para inaugurar la V Jornada del puerto de esa ciudad, bajo el epígrafe La salida de la crisis: Nueva configuración del panorama económico y empresarial.

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La destitución de Ripoll era una decisión pendiente de Fabra, de quien dependía la designación del cargo. El todavía presidente portuario está imputado por cinco delitos (cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios), en la licitación de la contrata de basuras de La Vega Baja durante su mandato en la Diputación de Alicante.

El sustituto, Juan Ferrer, es un cambio que asegura un perfil técnico a la presidencia del Puerto. Ferrer, ingeniero de caminos, canales y puertos, lleva en la dirección de la Autoridad Portuaria alicantina desde 2004 y ha visto pasar a cuatro presidentes distintos, según el gabinete de prensa de la entidad. Anteriormente, entre 2001 y 2004, fue director general de Puertos y Costas de la Comunidad Valenciana, cargo al que accedió tras gestionar una consultaria dedicada al desarrollismo portuario durante casi tres décadas.

Ripoll llegó al puerto a finales de 2011 nombrado por el propio Fabra. En virtud de la Ley de Puertos, en la que el Gobierno central cede al autonómico la potestad de elegir la presidencia portuaria, Su aterrizaje en el puerto se produjo apenas meses después de haber ganado su tercera elección a la presidencia de la Diputación alicantina.

Baluarte del zaplanismo en la provincia de Alicante, su salida de la Diputación se debió a la presión de las facciones campistas del partido judicial de L'Alacantí, que le recluyeron en su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Alicante. Enfrentado con la alcaldesa Sonia Castedo y todavía presidente del PP alicantino, pactó abandonar su acta con la dirección regional que le ofreció un cargo público temeroso de que el partido se partiera en la provincia.

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