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Los juristas del Parlamento tumban los cambios en la vía de Costa da Morte

Consideran que la Xunta debía haber convocado un nuevo concurso público

Nuevo golpe en el ya de por sí enrevesado culebrón para dotar a la Costa da Morte de una autovía : el método escogido por la Xunta para perdonar la construcción de la mitad a la adjudicataria de la obra, una unión de empresas encabezadas por Copasa, es ilegal. Contraviene la Constitución y la Ley de Contratos del Estado, según dictaminaron los servicios jurídicos del Parlamento gallego. Y, a instancias de los socialistas, emplazan al grupo mayoritario, del PP, a enmendar la ley de acompañamiento de los Presupuestos gallegos, ahora mismo en trámite de debate y aprobación en la Cámara, para corregir la disposición con la cual, por la vía de urgencia, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pretendía desbloquear la falta de financiación para hacer en su totalidad esa obra reduciendo de 42 a sólo 25 kilómetros la futura vía que parte de Carballo hacia la Costa da Morte.

El error del Ejecutivo es que en vez de rescindir por completo el incumplido contrato y convocar un nuevo concurso público, decidió recurrir a la ley de medidas fiscales y financieras, una especie de cajón de sastre que la Xunta suele aprovechar cada año para modificar puntualmente otras normas, y adaptar el contrato que adjudicó a Copasa y sus asociados a sus posibilidades.

Los letrados del Parlamento advierten que la ley estatal de contratación en el sector público obliga, en aras de garantizar la concurrencia, a convocar un nuevo concurso público cuando las modificaciones de la obra son, como es el caso, muy importantes en comparación con el proyecto inicial. El Gobierno gallego pretende, con rango de ley, resolver parcialmente el contrato y permitir que la constructora adjudicataria aparque sin fecha 17 kilómetros entre Baio y Berdoias (Vimianzo). Pero esta reducción de un 35%  de la obra solo implicará una reducción del 17% del dinero que la Xunta se había comprometido a pagar a la empresa en concepto de peaje en la sombra cuando se resolvió el concurso en 2011, un total de 745 millones de euros hasta el año 2036.

El varapalo de los servicios jurídicos del Parlamento llegan al día siguiente de que el PP y la Xunta enviase a su portavoz parlamentario en Infraestructuras hasta Carballo para anunciar que se reanudarán las obras de la autovía en un mes con la perspectivas de acabarlas en 2016. Fuentes del PP señalaron que las deficiencias legales apreciadas por los juristas de la Cámara se solventarán modificando la ley de acompañamiento de los Presupuestos, actualmente en tramitación parlamentaria.

El Grupo Socialista reiteró ayer sus acusaciones contra la Xunta, a la que reprocha de pretender beneficiar a Copasa al no convocar un nuevo concurso, y al disparar en un 15% el coste inicial de la obra y su compensación a la constructora. En 372 millones de euros cifra, por su parte, el BNG el sobrecoste final de la modificación del contrato de la que se beneficiará Copasa. Así lo reflejan en la querella contra la Xunta que presentaron los nacionalistas ante la Fiscalía Superior de Galicia. Una constructora, denunció el portavoz nacional del Bloque, Xavier Vence, que es “amiga del PP y que aparece en el sumario del caso Bárcenas y otras causas de corrupción vinculadas” al partido de Núñez Feijóo.