‘Sludge's politics’ (la política de lodos)

Hoy en día se pueden clasificar los políticos en tres clases perfectamente nítidas: Los que tienen una profesión, acuden a la política a prestar servicio y después regresan a aquella, los que no tienen más profesión que la política, es decir, no se irán si no es a empellones y que por mantenerse están dispuestos a lo que haga falta, y los que teniendo una profesión han descubierto en la política su segunda carrera, su nueva "vocación", a la que no piensan renunciar por nada del mundo, han decidido jubilarse en ella sin regresar a su primera vocación.

Alfonso Grau Alonso se encuentra en este último grupo. Lo conocí allá por el año 86, cuando él negociaba en nombre de CSIF el reglamento de acceso a la Función Pública, mientras yo lo hacía en nombre de la UGT. Ya en el Ayuntamiento en una de las primeras comisiones de Hacienda, en las que coincidimos por dos legislaturas (2003-2011) tuve que recordarle que aunque el no se acordara, yo si le recordaba de aquellas negociaciones del 86 en la Conselleria de Administraciones Públicas. Que no sobreactuara con histrionismo en sus intervenciones, que allí todos nos conocíamos o al menos debíamos recordarnos mutuamente. Pongo por testigo a Senent y resto de la Comisión. Para mi sorpresa descubrí que en la misma época en que yo conocí a Grau, CSIF lo conoció con más precisión, profundidad y detalle, tanto que Grau tuvo que abandonar (!) la formación, evento/momento que aprovechó para reconvertirse en político del PP, y hasta hoy. Los que hemos tenido la desgracia de verlo actuar en el hemiciclo cada último viernes de mes en los plenos municipales, conocemos bien sus ardides oratorios que emplea sin piedad ni contemplaciones, no importa quien tenga delante en el hemiciclo o arriba en los asientos de invitados cuando representantes de colectivos civiles que han solicitado la palabra para tal o cual punto del orden del día, palabra que no pueden negar sin auto denunciarse, pero que si tratan de aplastar y casi siempre coronan con éxito sus pretensiones. Grau emplea la demagogia de forma compulsiva, adelantando que no tiene escrúpulos, que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Es un ventajista del debate político, probando que no tiene clase.

Parece que todas esas habilidades las ha puesto en marcha ayer (por 15 de noviembre) en un programa de televisión con la esperanza que los 1.500 km que nos separan fueran suficientes para tenerme ignorante de sus declaraciones. Aquí manifiesta su afición al ventajismo ignorando lo que es la Sociedad de la Información, pese a esa distancia suelo ver los programas de televisión producidos en España así como leo regularmente la prensa española y oigo las radios españolas, todos y cada uno de los días. Grau tiene una mentalidad tan decimonónica como su muy cuidado aspecto, ignora que existe internet, el streaming y que las noticias no tienen barreras transfronterizas por derechos de autor, tampoco el horario de emisión lo es.

Recibí decenas de avisos sobre sus declaraciones, lo más chocante es que además desde el 13 de noviembre estoy en Valencia a 500 metros de su despacho. No hay nada que ocultar. Valencia Turismo Convention Bureau es una fundación, inicialmente privada, promovida por el último gobierno socialista de la ciudad, presidido por la alcaldesa Clementina Ródenas. Materialmente puesta en marcha por el último concejal socialista de hacienda, Joan Ballester, en la que los patrones privados eran mayoría, aportaban los fondos en la misma proporción en que participaban y las decisiones se tomaban, como es exigible, según esa participación/aportación. Nada que objetar y durante años funcionó sin sobresaltos ni alarmas con gobiernos socialistas y conservadores. El conflicto arranca cuando alguien toma decisiones sobre actividades e iniciativas "borderline" de la legalidad y no pudiendo materializarlas por ningún instrumento municipal decide hacerlo mediante VTCB todavía privado. El problema es que los desembolsos se tienen que hacer desde VTCB, pero los patronos privados ni pueden ni quieren ni mucho menos están dispuestos a aportar los fondos que seguramente no les sobran, para financiar las aventuras y fantasías ancladas, y que ya echan raíces, en el "Salón Pompeyano".

La solución de Grau es promover una estructura organizativa mediante la cual el ayuntamiento aportaba el grueso de los fondos, pero la exigencia de mantenerla como fundación privada, es decir, fuera del alcance y la lupa de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) ideó que la estructura de participación fundacional seguiría siendo privada en tanto que la aportación financiera aplastantemente mayoritaria lo sería a cargo del Ayuntamiento, ente vampirizador de la estructura privada para conseguir sus fines que bajo el régimen jurídico público le hubiera resultado imposible. La IGAE ha estado y está obstinadamente por la declaración de la Fundación VTCB, como sector público valenciano es decir, parte del Ayuntamiento de Valencia.

Que nadie crea que los socialistas éramos así de listos, nosotros no lo vimos hasta que alguien externo puso en antecedentes a la concejala del PSOE responsable de turismo en la legislatura 2007-2011, y que no la concluyó al ser catapultada a la Delegación del Gobierno. Antecedentes cuyo coste debe estar relacionado en las facturas presentadas a la intervención municipal para justificar el destino de la subvención del trimestre "n" y poder percibir/reclamar la del trimestre "n+1".

Nunca se ha pretendido la maldad de VTCB, como tampoco es intrínsecamente buena, lo es en función de cómo se hace funcionar y para qué se hace servir. Evidentemente, hasta que el PP no puso sus manos en ella para cubrir sus actuaciones "borderline" de la ley, nunca ha habido ningún incidente de este tipo. Me recuerda esto cuando en el final de los 80 yo mismo promoví la constitución de TISSAT, con un 48% de capital público para garantizar que se moviera con las regulaciones estrictas del derecho mercantil. Nunca en la época de gobiernos socialistas hubo sombra en sus actuaciones industriales y empresariales, hubo que esperar a la llegada del PP al poder y también metiera sus manos en ella para que TISSAT se relacionara muy estrechamente con César Augusto Tauroni y su pléyade de empresas.

El ayuntamiento acostumbra a cuadrar los presupuestos a martillazos. La práctica contable habitual: presupuestar los gastos por debajo de lo necesario a la vista de la serie histórica y los ingresos algo por encima de lo previsible también a la vista de la evolución histórica de la matrícula y no cobrados; a fin de igualar ambos, ingresos previstos y los gastos autorizados al aprobar el presupuesto.

Habitualmente, cada año el Grupo Socialista hace Reclamaciones al Presupuesto fundadas en ese falso equilibrio entre Ingresos previstos y gastos autorizados. De cada partida en la que se había observado modificaciones presupuestarias en el ejercicio anterior, es decir, se había aumentado su crédito por manifiesta insuficiencia del inicialmente aprobado. Se investigaba a su vez los pagos pendientes y los extrapresupuestarios producidos a lo largo del ejercicio, las famosas facturas en los cajones.

La reclamación al presupuesto se hace partida a partida, de las relevantes e inequívocamente mal presupuestadas sin posibilidad de que pueda llegar a ser suficiente por cualquier otro medio, calculando la suficiencia en el gasto anterior (dotación inicial más incrementos + crecimiento del gasto en virtud de las revisiones de precios + pagos pendientes por insuficiencia presupuestaria + mas facturas en los cajones según su serie histórica). La diferencia entre esta cantidad y la inicialmente presupuestada es la que se reclama cada año entre el Pleno de presentación del Presupuesto y el de aprobación del mismo. Huelga decir que con mayorías absolutas del PP en los dos periodos en los que tuve la responsabilidad, nunca fue aprobada ninguna reclamación.

En esas reclamaciones eran habituales partidas como las de contrata de recogida de basuras, señalización vía pública, tala y poda de árboles, electricidad (alumbrado público, colegios públicos, instalaciones municipales), retirada de vehículos, servicios postales, teléfonos, conservación alumbrado público, expropiaciones, y las espectaculares subvenciones a la EMT, en donde empiezan las empresas y organismos; Fundación Deportiva Municipal, Fundación de cine y así hasta llegar e incluir en su caso a VTCB hasta la modificación de sus estatutos. Para 2011 se solicitaron 149 millones de euros adicionales para un total 28 partidas presupuestarias. Para 2010 se reclamaron 168,5 millones para 25 partidas presupuestarias. Para 2008 138,2 m€ para 26 partidas. Para 2007 87,6 m€ para 36 partidas. No dispongo a mano del resumen para 2009.

Lo que es evidente es que el concejal de Hacienda de la oposición no promueve ni puede promover moción específica para VTCB cuando en su primera legislatura había un concejal específico de turismo y en la segunda también. No se explica que el Sr. Grau con 20 años de experiencia en el Ayuntamiento y vicealcalde, confunda una reclamación al presupuesto con una moción, aunque habló de "moción al presupuesto" salvo que quiera confundir a los legos en la materia. Mas lejos, acepta que es de 2004. No sé si me alude porque no estoy bajo ninguna sospecha, ergo él tampoco, o porque no tiene mejor justificación y se da la circunstancia que el concejal de hacienda desde junio de 2003 era yo. En cualquier caso si el Sr. Grau cree que invocarme a mi es su mejor defensa, además de compadecerlo, le sugiero que debería hacérselo saber no ya al juez instructor Sr. Castro, sino al que vea la causa si a él le llega a afectar.

Juan Ramón Ferrer Mateo, es exregidor del PSPV encargado de Hacienda (2003-2011) y funcionario de la Comisión de la Unión Europea.