Los agentes sociales critican el Presupuesto por su “ineficacia”

El Gobierno andaluz de coalición sostiene que el Presupuesto de la Junta para 2015 , que se eleva a 29.625 millones de euros, supondrá “un punto de inflexión” para revitalizar la economía el próximo año, una afirmación que rebatieron este lunes en sus comparecencias en el Parlamento los principales agentes sociales de la comunidad.

Aunque con corrección en las formas, los representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y Comisiones Obreras pusieron los puntos sobre las íes de unas cuentas autonómicas que consideran claramente “insuficientes” para combatir el drama del desempleo que afecta al 35% de la población activa, casi 12 puntos más que la media nacional.

Las críticas de UGT, el sindicato hermano del PSOE que hace más de una semana rompió unilateralmente las relaciones con la Junta por lo que considera un “trato injustificado e inmerecido” del Gobierno, fueron las más explícitas. La decisión de la central ugetista se produjo después de que la Consejería de Economía le haya reclamado en firme la devolución de 15,3 millones de euros por ayudas no justificadas.

La dirigente de UGT Carmen Barrera afirmó que el proyecto de ley de Presupuestos supone la “continuidad de un modelo agotado”, son “ineficaces” e “inoperantes” para resolver el paro ni “impedirán el aumento de la tasa de la pobreza”.

Barrera dijo no compartir la declaración “excesivamente triunfalista” del Gobierno autónomo de que 2015 supondrá un “punto de inflexión” en la crisis económica un planteamiento que, según esta dirigente, “es idéntico al del Gobierno central” del Partido Popular.

Para Barrera, supone un “acto de fe” creer que con el proyecto de Presupuesto que tramita la Cámara “se van a mantener los servicios públicos”.

Por parte de Comisiones Obreras fue el adjunto al secretario general, Rafael Aljama, el que intervino. Este dirigente criticó las “políticas seguidistas” de la Junta respecto al Ejecutivo de la nación y se quejó de “la escasa combatividad” del Ejecutivo andaluz “para defender” a la comunidad. Aljama sostuvo que el sector público “corre el riesgo del desmantelamiento” y reclamó una mayor apuesta por la inversión pública.

Ni CC OO ni UGT han mantenido este año la habitual reunión con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar las cuentas. En esta decisión de distanciamiento pesa también el hecho de que se están celebrando elecciones sindicales en la Administración.

Del lado de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Ángel Martín dejó caer que estas comparecencias recuerdan “al día de la marmota”, ya que “si no se cambia el modelo productivo, el presupuesto es el mismo” y abogó por acometer una reflexión a fondo acerca del desempleo en Andalucía.

“¿Qué maldición bíblica tenemos para que no cambie el panorama de un 34% de paro? ¿Qué tenemos que hacer para que cambie este asunto? Se dice que hay paro porque no hay industrias y que no hay industrias porque históricamente es así. Pues no”, concluyó. El representante de la patronal reclamó inversiones productivas en la que “además de repartir peces, de vez en cuando hay que dar cañas de pescar”. También reclamó una “armonización fiscal” en todo el Estado y aunque reconoció que “no está el horno” para reducir los impuestos alertó sobre la aplicación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía que está provocando, señaló, la deslocalización de rentas.

Estos tres agentes sociales, que han sido siempre actores fijos de la concertación con la Junta, ahora paralizada, coincidieron en criticar el sistema de financiación autonómica que, subrayaron, perjudica a Andalucía.

El representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), José Luis Heredia, exigió que en el proyecto de ley figuren las cantidades que se le adeudan a los empleados públicos desde 2012 y se fije un calendario de devolución de los salarios que han perdido desde esa fecha. Heredia aseguró que su sindicato planteará esta demanda ante “los tribunales, la fiscalía y la Organización Internacional del Trabajo”. Este dirigente se encaró con el portavoz de IU, Ignacio García, cuando este le pidió detalles de qué partidas del presupuesto sacaría el dinero para conseguir esta devolución.