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Los vecinos ‘borrados’ de La Llosa

El PSPV lleva al fiscal al alcalde del PP por querer dar de baja a una veintena de habitantes

El regidor intenta dos veces sacar del padrón al portavoz socialista

Avelina Álvarez, vecina de la Llosa a la que el alcalde intentó desempadronar.
Avelina Álvarez, vecina de la Llosa a la que el alcalde intentó desempadronar.

Avelina Álvarez estaba pasando unos días en Benicàssim cuando recibió una llamada. “Me dijeron que me habían desempadronado”, explica desde su casa en La Llosa. Su nombre aparecía en el Boletín Oficial Provincial de Castellóndel 3 de mayo de este año entre una lista de personas sobre las que el Ayuntamiento había iniciado expediente de baja del padrón. “Dicen que vivo en Zaragoza, ¿y yo dónde pago mis impuestos? Tengo a un hijo en Aragón y a otra hija en Tarragona, claro que me desplazo para pasar unos días, pero yo vivo aquí”, dice esta mujer que ya ha cumplido los 80 años. Su caso es uno de los casi veinte vecinos de La Llosa que han tenido que recurrir para parar el intento del Ayuntamiento de borrarles del padrón. El PSPV lo ha denunciado a la Fiscalía porque cree que estos intentos suponen “privar del derecho a votar a aquellas personas a las que el alcalde pudiera no interesarle por su evidente vinculación a opciones políticas contrarias a la suya”.

Avelina alegó y pudo impedir la baja, aunque el consistorio, que dirige el popular Joaquín José Llopis, continuó los trabajos para echarla. El pasado 1 de octubre el Consejo de Empadronamiento provincial puso fin al conflicto. Ni Avelina ni el resto de vecinos que presentaron alegaciones en casos similares pueden ser dados de baja del censo de La Llosa.

Llopis ganó la alcaldía por 10 votos en 2007 y por 67 en 2011

El alcalde, que también es asesor en la Diputación, afirma que inició los expedientes de baja dentro de sus competencias para verificar el actual censo municipal. Y para ello manda varias veces a personal del ayuntamiento a las casas para comprobar que realmente viven donde están censados. Si no se da con ellos se inicia el expediente. También ha reclamado documentos como las declaraciones de la renta, tarjetas sanitarias, libros de familia, etc. Todo para rebatir al Consejo y a los propios vecinos. “Tenemos hasta el contrato de alquiler de una persona que está empadronada en la vivienda que tiene arrendada”, se defiende Llopis.

Para el grupo socialista se trata de una persecución y ha llevado el caso ante la fiscalía de Castellón. El PSPV relaciona esta campaña con las municipales y el inminente cierre de los censos electorales. Entre los afectados está Vicente Ramos, concejal y portavoz del PSPV en el Ayuntamiento. Llopis ganó la alcaldía para el PP en 2007 por solo diez votos de diferencia. En las de 2011 ganó por 67 pero en las europeas de este año (con menos votantes) los socialistas obtuvieron siete sufragios más. La Llosa, un pequeño municipio de La Plana Baixa, tiene un censo electoral de poco más de 800 personas. “Creo que me han intentado dar de baja porque a lo mejor no soy de su gusto”, dice Avelina.

El Consejo de Empadronamiento ha denegado todas las bajas

Milagros Cebrià tiene un almacén junto a la casa de esta octogenaria y confirma que “claro” que vive allí. También a ella, a su marido y a su hijo de 13 años han intentado darles de baja. “Toda mi familia es de aquí, mis abuelos nacieron aquí, nos envían a la policía (para hacer las comprobaciones de residencia) cuando estamos trabajando o en el colegio. Tenemos aquí el trabajo, nuestros amigos, nuestra vida está en La Llosa”, relata. Milagros afirma que ha sido votante del PP, su hermano es concejal por este partido en el ayuntamiento, y sostiene que los problemas empezaron después de tener una discusión con el alcalde. “¿Cómo es posible que diga que no nos encuentran si almorzamos en el mismo bar donde lo hace él?” se pregunta. Milagros apunta que tienen una segunda residencia en la playa de Almenara y se mudan allí cuando llega el buen tiempo pero insiste en que su domicilio es La Llosa.

Al portavoz del PSPV, Vicente Ramos, no es la primera vez que le ocurre. “Ya intentó darme de baja en 2010”, afirma. Entonces, al igual que ahora, el Consejo de Empadronamiento lo impidió. Para el alcalde este caso es “el más escandaloso”. “Todo el pueblo sabe que vive en la playa de Moncofa, si no ¿cómo es posible que él esté censado en casa de sus padres y su mujer en la de los suyos?”, dice. Ramos alega que se está construyendo una casa y, mientras, residen en la de sus padres. “No sé si será ilegal, pero lo que sé es que no es ético que te quieran dar de baja del padrón”, dice. Para el PSPV el caso de Ramos es “un ataque evidente contra el cuerpo electoral” y así se lo ha comunicado al fiscal. El alcalde, por su parte, dice que las acusaciones forman parte de una “campaña de difamación” y ha demandado a los ediles socialistas.

Ni siquiera estar en prisión es excusa. A la hermana de Josefa Ruiz (que tuvo que contratar a una abogada en 2010 para conseguir estar empadronada) también intentaron darla de baja y también el Consejo de Empadronamiento dijo que no.

Investigaciones que se eternizan

L.O.

Las elecciones municipales de 2007 estuvieron marcadas en Castellón por las denuncias de empadronamientos masivos. Siete años después, los casos por posible delito electoral han sido archivados o continúan abiertos en investigaciones que se eternizan. El concejal de Units pel Poble de Cabanes, Carles Mulet, denunció el empadronamiento de cerca de 40 personas en solo dos meses poco antes de los comicios. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la causa por delito electoral se archivó por el juzgado instructor y fue confirmado por la Audiencia provincial que, no obstante, ordenó reabrir el caso respecto a un supuesto delito de falsedad documental que investiga la falsificación de la firma para el empadronamiento de una mujer que ha negado siempre su intención de censarse en Cabanes.

El pasado mes de septiembre acudió a declarar el vecino de la Vall d’Uixó a quien se apunta como la persona que pudo haber falsificado la firma. Carles Mulet asegura que se negó a declarar. “Las diligencias se encuentran en la recta final de la instrucción”, indican desde el TSJ.

Junto a Cabanes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) abrió pesquisas sobre empadronamientos masivos en una decena de municipios de Castellón gobernados por el PP y los puso en conocimiento de la fiscalía de Castellón. Se abrieron investigaciones en Fanzara, Santa Magdalena de Pulpis, Vall d’Alba, Argelita, La Pobla de Benifassà y La Salzedella. El entonces fiscal jefe, Javier Carceller, reconoció que era muy complicado encontrar pruebas del delito.

Algunos, como el de Santa Magdalena de Pulpis, siguen en investigación siete años después. “El juzgado todavía está llamando a declarar a algunos vecinos, ha costado muchísimo localizarlos”, explica el actual alcalde, el socialista Sergio Bou, que indica que hace poco algunos testificaron en juzgados de fuera de la provincia. En este municipio se denunciaron 40 casos irregulares. “Demostrarlo es muy difícil”, admite Bou.