El socialismo andaluz se examina

21 de diciembre de 2010. Ese día empezó todo. Un inspector de la policía judicial activa una grabadora en un pequeño despacho de la comisaría de la calle Blas Infante de Sevilla. Delante de él está Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Estaba citado para declarar por las irregularidades detectadas en el ERE de Mercasevilla. En la lista de despedidos se había localizado a un prejubilado que nunca había trabajado en la empresa municipal. Raro, muy raro. Era el primer intruso del caso.

Ese martes, víspera de la lotería de Navidad, el antiguo alto cargo de la Administración autónoma entre 1999 y 2008 se presentó a la cita encorbatado, con chaqueta y camisa verde a juego. Al inspector lo primero que le sorprendió fue su naturalidad. Dicharachero. Habla y habla. Explica con desparpajo que durante su etapa como director general en la Consejería de Empleo había gestionado una partida presupuestaria que le había permitido repartir discrecionalmente hasta 647 millones de euros entre empresas en crisis. Y suelta una bomba sin ser plenamente consciente del significado. “Era un fondo de reptiles para la crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para empresas que necesitaban respirar”.

Acababa de estallar el caso ERE, un escándalo que ha removido los cimientos de la Junta de Andalucía y de la poderosa federación socialista. El caso acumula ya 229 imputados y el Tribunal Supremo acaba de iniciar una investigación a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros tres exconsejeros, para conocer qué papel tuvieron en la creación y mantenimiento de una partida presupuestaria que ha sido clave para mantener la paz social en Andalucía.

En 2010 no se sabía que Guerrero era algo más que un pícaro que incluyó a su suegra como intrusa en un ERE. Su querencia por el buen vivir le llevó a gastar dinero público en cocaína, copas y en noches de fiesta. En sus días de gloria, con un gin-tónic en la mesa y un cigarrillo Marlboro en la mano, despachaba en un bar de copas las peticiones de favores. La demanda era enorme y algunos días se formaban colas.

Y la bola empezó a rodar.

Entra en juego la juez Mercedes Alaya, que en enero de 2011 inicia una investigación que tiene su raíz en la declaración de Guerrero y que ha destripado las entrañas de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la instrucción, la magistrada deja claro cuáles son sus intenciones. Según su tesis, el caso de los ERE no es solo un episodio de corrupción en el que se ha hecho un uso fraudulento de una partida presupuestaria, sino un sistema diseñado por la cúpula del Gobierno autónomo con el fin de repartir arbitrariamente dinero público. Desde sus primeros autos, Alaya, martillo de los socialistas, apunta a los máximos responsables de la Junta. De su pluma punzante sale el símil de la pirámide: Los intrusos están en el nivel más bajo y en el más alto sitúa, poco a poco, a los principales rectores del socialismo andaluz desde 1990.

En la Junta se espantan a medida que se van conociendo detalles del fraude. Están en estado de shock. Nadie explica por qué Guerrero estuvo una década como alto cargo. Nadie sabe... casi nada.

El origen del caso es una declaración ante la policía de un ex alto cargo

Cuando estalló el caso, el PSOE andaluz estaba digiriendo aún el relevo de Manuel Chaves por José Antonio Griñán en la presidencia de la Junta de Andalucía, que se produjo en la Semana Santa de 2009. Tras 19 años al frente, Chaves dejaba en manos de su amigo el Gobierno autónomo, pero conservó el liderazgo del PSOE andaluz. Esta bicefalia, en la que pronto surgieron grietas, fue el origen de que se quebrara una amistad de 30 años. El caso de los ERE fue la puntilla que rompió la relación de los dos dirigentes. Chaves y su antiguo equipo reprochaban a Griñán que no hiciera una defensa cerrada de la gestión de los Gobiernos anteriores. Y Griñán y los suyos se quejaban de la herencia envenenada que habían recibido.

Griñán se rodeó en el Gobierno de dirigentes de perfil técnico de su confianza y en el partido situó en el puesto de mando a promesas procedentes de las Juventudes Socialistas, entre las que se encontraba Susana Díaz, buena conocedora de la maquinaria del PSOE. Pese a que la campaña de las elecciones autonómicas de 2012 estuvo monopolizada por el caso ERE, los socialistas consiguieron conservar, gracias a un pacto con IU, la Junta de Andalucía, su gran bastión político. Tras los comicios, PSOE e IU pactaron una comisión de investigación en el Parlamento sobre los ERE. El cerco de Alaya se fue estrechando y la presión empezó a vencer a Griñán. Él, que se considera un servidor público con una intachable hoja en sus 30 años de dedicación a la política, no lograba entender que la instructora le señalase. “Tenía que haber seguido el rastro del dinero”, suele decir.

Desde sus primeros autos, la juez Alaya apuntó la teoría

Finalmente, en el verano de 2013 Griñán se dio por vencido: no aguantaba estar en el foco de los ERE. Creía que era preciso el relevo generacional y que la persona elegida no tuviera nada que ver con el escándalo. De ahí, entre otras razones, la designación de Susana Díaz como sucesora.

La presidenta andaluza ha hecho todo lo posible por marcar distancias con todos y todo lo que estuviera relacionado con el fondo. Su afirmación de que los aforados deberán abandonar el escaño si son imputados (aunque luego ha matizado que esto solo se producirá si el Supremo ve delito) ha molestado a los afectados. Díaz sabe lo que representa Chaves en el socialismo andaluz y es consciente de que Griñán fue quien le dio el impulso definitivo en su meteórica carrera. Pero también cree firmemente que no puede titubear en caso de que el Supremo actúe contra los aforados.

En las próximas semanas, el socialismo andaluz pasará probablemente sus momentos más duros. Ver a Chaves y Griñán (expresidentes federales ambos) haciendo el paseíllo ante el Supremo es una imagen que horroriza al PSOE.

Entre los aforados, los más optimistas piensan que el alto tribunal pondrá orden en un caso que consideran marcado por la "instrucción política" de Alaya y acabará con su "pesadilla". Otros son más prudentes. El Supremo ya ha metido el bisturí en el caso. En contra de la tesis de Alaya, piensa que la causa es perfectamente escindible. Mientras llega el examen final, el PSOE andaluz y el federal aguantan la respiración.