Un ex alto cargo de la Junta declara que dio ayudas sin control a empresas

La policía cree que la Junta mantuvo un sistema de ayudas públicas a empresas en crisis al margen de la ley dotado con 647 millones de euros. Estos fondos salieron de la Consejería de Empleo entre 2001 y el año pasado sin los controles estipulados y de manera arbitraria para empresas en crisis repartidas por toda la comunidad, según un informe de la policía judicial.

"Un fondo de reptiles" lo ha definido el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, que reveló el sistema ilegal en su declaración como testigo ante la policía el pasado 21 de diciembre. La comparecencia abre al Gobierno regional un escándalo de dimensiones imprevisibles derivado del caso Mercasevilla, en el que ya se han destapado graves irregularidades y que en diciembre sumó otros cuatro detenidos como miembros de "una trama". Entre ellos, el ex dirigente del PSOE en Baeza (Jaén) Antonio Garrido y el conseguidor Juan Lanzas. La juez Mercedes Alaya sospecha que existe una red que se benefició de las ayudas públicas a Mercasevilla y otras empresas como Río Grande e Hitemasa, y a la que acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Tras un convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dependiente de este departamento, Guerrero dispuso de fondos públicos "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", según refleja la policía, que cita la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Guerrero declaró a la policía que "era un fondo de reptiles" que se empleaba para dar ayudas de urgencia a empresas que se encontraban en crisis y sin el control administrativo que se exige para conceder estas ayudas.

Este sistema de ayudas empezó a funcionar en 2001, cuando José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla, era consejero de Empleo y Antonio Fernández, que fue titular de Empleo entre 2004 y 2010, dirigía el IFA. "Con la firma del convenio se consigue que la entidad pagadora sea el IFA y no la propia consejería, evitando de este modo los controles y la fiscalización propia a los que deben estar sometidos los actos administrativos", subraya el informe policial.

Las ayudas no fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que significa un "incumplimiento flagrante" de la Ley de Hacienda Pública de la Junta, según la policía.

El modus operandi, según los investigadores, incluía una red de mediadores y brokers de corredurías de seguros para sortear los filtros de la Inspección de Trabajo, y contaba con la connivencia de Guerrero. Una vez aprobado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por la autoridad laboral, algún intermediario o responsable de Empleo ofrecía a la empresa que la Junta contribuyera a financiar los gastos que conllevan las prejubilaciones mediante el pago de las pólizas de seguros de rentas. "Prueba evidente es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias, siendo lo habitual firmar directamente un protocolo entre la Dirección General de Trabajo y la empresa, o incluso solo un documento unilateralmente emitido por el director general", reza el documento.

La policía subraya que "el órgano competente" para las subvenciones excepcionales era el propio consejero de Empleo y no Guerrero, director general de Trabajo desde 1999 hasta 2008. Pero también en 2009 y 2010 se destinaron 70 y 52,4 millones respectivamente a este fondo, aunque las partidas de 2010 se han gestionado directamente desde la consejería y no por la agencia IDEA, sucesora del IFA. "Era un asunto no regulado, tuvimos debates respecto de la regulación con ocho borradores de decreto, diez borradores de órdenes, pero como era un tema de atención exclusiva a crisis muy particularizadas en el territorio nunca se llegó a tramitar", declaró Guerrero a la policía.

Tras el informe policial, la juez Alaya ha abierto una vía de investigación derivada de Mercasevilla que afecta a todos los ERE subvencionados por la Junta.