Los presos centrarán sus escritos en la dispersión y no incluirán el perdón

Los presos de ETA, de manera individual, cursarán una queja al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, para volver a reclamar los "derechos truncados" por la dispersión. Ante la negativa de cada uno de los directores de las cárceles, el objetivo es ahora trasladar la petición a la vía judicial, aunque no con demasiados cambios en su fundamento. Cada uno de ellos expondrá en un escrito personal "su caso particular, sus circunstancias personales y aludirán las razones por las que se vulneran sus derechos", han explicado sus abogados, que se han mostrado dispuestos a llegar hasta "el final" por esta vía, incluso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

No será requisito, aun así, apelar al reconocimiento del daño causado o la petición de perdón en el texto, solicitado por las Instituciones Penitenciarias en las anteriores respuestas. "Algunos lo pueden llegar a incluir, porque todos lo han reconocido en otras instancias, pero no es un elemento fundamental o básico para la petición de acercamiento, basada en el derecho penitenciarios", ha apuntado el abogado y senador de Amaiur Iñaki Goioaga este viernes.

No piden, aseguran, "beneficios penitenciarios", solo el "respeto a los derechos fundamentales y humanos". Las quejas de los presos ante la Audiencia Nacional nacen como respuesta al anterior movimiento del colectivo. "Las solicitudes han sido denegadas de acuerdo con criterios políticos, exigiendo requisitos que no contempla la ley", ha subrayado Goioaga enseñando dos rechazos "idénticos salvo en el nombre" de la penitenciaria de A Lama (Pontevedra) y Herrera de La Mancha (Ciudad Real) a la petición que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) hizo en la junta de tratamiento de cada prisión a finales de 2013. Ambas respondían que "cumplen condena por pertenencia o relación con ETA, y esta no se ha disuelto".

Una vez hecha la petición, el juez pedirá un informe a la Fiscalía. Con los rechazos previos, sin embargo, Goioaga se ha mostrado escéptico a que acepte el recurso. "Veremos entonces cuál es la independencia del poder judicial, si el juez va a ser garante de derechos", ha explicado al pedir a la Audiencia Nacional que sea "defensora" de los derechos constitucionales y de la Ley Penitenciaria que establece que los presos se ubiquen lo más cerca posible a su domicilio.

Cincuenta presos enviarán, de momento, la petición de acercamiento, que estará dividida en tres partes: la solicitud, el fundamento jurídico de su petición y sus circunstancias de salud y personales. Por el momento, pedirán el acercamiento por la vía judicial seis presos enfermos, seis mayores de 70 y otros 30 o 40 que han cumplido más de 20 años en prisión, aunque el objetivo es que el texto se extienda al resto de presos. Así lo han asegurado los abogados, acompañados en la rueda de prensa Bilbao por familiares de presos como Jone Artola, portavoz de Etxerat que se convirtió en símbolo de su denuncia cuando tuvo un accidente al volver de visitar a un preso.

Entre los puntos que vulneran la dispersión los escritos expondrá ataques contra "el derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva, la salud, la familia, el arraigo social y cultural, la lengua o a no ser discriminado por motivos políticos o ideológicos", han especificado. Uno de los argumentos que utilizan algunos, según Europa Press, es un acuerdo adoptado por los jueces de vigilancia de toda España en 1994 que permitía a los magistrados dirimir en determinados casos frente a las instituciones penitenciarias, si de demostrara que un traslado obedecía a una "sanción encubierta". Los abogados han calificado la situación de "venganza personal", pero los Ministerios lo han justificado siempre con la necesidad de separar a los terroristas para fomentar la reinserción.

Los representantes de EPPK han dicho confiar en que el proceso sea aceptado en primera instancia, aunque, han dejado claro también están dispuestos a llegar a donde sea, como ocurrió en el caso de la Doctrina Parot, rechazada por Europa tras múltiples recursos. De momento, el recurso solo se interpondrá por la vía judicial española, dado que la francesa no ha respondido todavía las primeras solicitudes previas hechas por unos quinientos presos. "Los plazos son distintos", ha recordado la letrada Haizea Zuloaga, "pero también se hará".

"No entendemos la expectación", ha manifestado Goioaga que han querido puntualizar que este movimiento no es nada "extraordinario", sino que sigue un principio legal estrictamente, con base "en la legislación estatal e internacional".