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Una ONG despide a 95 discapacitados tras cobrar un millón en subvenciones

La Rede Galega de Kioscos declara concurso de acreedores y liquida su plantilla

El grupo Galega de Economía Social, dirigido por una ONG sin ánimo de lucro, la llamada Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), cobró en el último año y medio 1,043 millones de euros de la Consellería de Traballo e Benestar Social en ayudas para cubrir “el coste laboral de mantener centros especiales de empleo”. Un montante que incluye una subvención específica de 250.000 euros pagados a principios de este año, según datos de la Xunta, para reducir los números rojos de una de sus empresas más conocida, la Rede Galega de Kioscos (Regaki). Pero fue en vano. El grupo empresarial presentó concurso de acreedores por los 37 quioscos que gestiona en Galicia, la mayoría en lugares emblemáticos de A Coruña, Santiago y Pontevedra, y solicitó un expediente de regulación de empleo “extintivo” para liquidar su plantilla.

 Una decisión empresarial que amenaza con dejar en el paro a 95 trabajadores discapacitados, en su mayor número mujeres de más de 40 años y con cargas familiares. Con un salario mensual de 645,30 euros brutos, congelado desde que la empresa empezó en 2011 a registrar pérdidas y que incluye trabajar sábados, domingos o festivos, los quiosqueros llevan ya un par de semanas acudiendo cada día a sus puestos de trabajo y abriendo al público unos tenderetes vacíos de prensa, revista y otros productos. Desde el pasado 30 de octubre, recibieron por escrito la orden de devolver toda publicación que tenían en depósito y de no hacer ningún pedido nuevo.

Cuatro días más tarde, el 3 de noviembre, los representantes laborales fueron recibidos por dos directivos de Galega de Economía Social, el vicepresidente de Cogami, Ramón Sestayo, y el secretario, Ignacio Rodríguez, quienes aseguraron, según los trabajadores, que la red de quioscos no arrastraba ni deudas ni acreedores. “¿Cómo se explica entonces que entrara en suspensión de pagos”, se preguntan los delegados sindicales. La solicitud de concurso de acreedores se registró en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña. La CIG sospecha que el grupo empresarial está “intencionadamente vaciando los quioscos” y buscando la liquidación de la red, así como el despido de sus empleados, algunos que llevan más de una docena de años en plantilla, con el fin de mantener únicamente los establecimientos de A Coruña y Pontevedra, los más rentables.

En aquella reunión con los representantes de los quiosqueros, Sestayo responsabilizó a los gestores de Regaki de la mala situación económica y de las pérdidas acumuladas desde 2011. “Pero en vez de depurar responsabilidades con los gestores, se pretende tomar medidas a cuenta de los trabajadores”, denuncia Carmiña Naveiro, de la CIG. Exige pruebas, que ahora no existen, asegura, de las deudas arrastradas por la red de quioscos, así como la intervención de las administraciones públicas en un conflicto de una empresa que recibe abundante ayuda para dar empleo a personas con discapacidad.

La central sindical ya solicitó una entrevista con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para aclarar el destino de las subvenciones concedidas a este grupo. Y requerirá también la acción de los alcaldes de las ciudades y villas con quioscos de esta red ya que muchos son de concesión municipal. En A Coruña, por ejemplo, que cuenta con cinco en su paseo marítimo, todos con aseos públicos a cargo de los quiosqueros, hace ya una década que caducó la concesión sin que su gobierno local tomase cartas en el asunto.

Esta situación se produce justo un año después de Regaki despidiese de un plumazo y bajo razones varias que fueron tumbadas por los juzgados a 27 trabajadores. Casi todos tuvieron que recurrir a la justicia para que su despido fuese declarado improcedente y pudieran cobrar la correspondiente indemnización.

En CC OO también sospechan de las maniobras de Galega de Economía Social y Cogami para con esta red de quioscos. El concurso de acreedores está de momento en suspenso dada la renuncia del administrador nombrado por el juzgado. Y cunden los recelos y conjeturas entre la plantilla por la supuesta pretensión de dos directivos de la ONG de retomar el negocio de los quioscos.

 

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