Un juez obliga al Estado a declarar incapaz a una mujer con cáncer

Lo que el PP le negó en el Congreso se lo ha concedido la juez. La viguesa Beatriz Figueroa, que libra desde hace tres años una batalla contra el cáncer, ha conseguido que el juzgado de lo social número 3 de Vigo le reconozca la incapacidad total permanente para el ejercicio de su profesión, lo que conlleva el derecho a la pensión correspondiente.

La juez estima la demanda de Figueroa frente al criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyo representante alegó en el juicio, celebrado el 22 de octubre, que la paciente es apta para trabajar porque su tumor está controlado. El abogado de la viguesa replicó que el control del cáncer se debe al agresivo tratamiento que sigue, cuyos efectos secundarios la invalidan para realizar tareas de responsabilidad.

El caso de Figueroa llegó en dos ocasiones al Congreso de los Diputados, una como iniciativa legislativa popular y otra de la mano del BNG. Su causa cuenta con el respaldo de más de medio millón de firmas recogidas a través de Internet, en la que se ha convertido en la campaña con más apoyos de la plataforma change.org en España. Pero el grupo popular rechazó las dos veces que a los enfermos de cáncer se les pueda conceder la incapacidad total permanente, por lo que sus reivindicaciones no prosperaron.

La sentencia admite que los padecimientos de Figueroa, abogada y periodista de profesión, no le impiden por completo el desempeño de algunos trabajos, lo que significaría la concesión de la incapacidad absoluta, pero sí le dificultan gravemente la realización de las tareas fundamentales de su desempeño habitual. La juez valoró que la profesión de la paciente requiere capacidad de concentración para desarrollar su actividad con un grado mínimo de productividad y eficacia.

La juez reconoce igualmente que los tratamientos de quimioterapia y hormonoterapia seguidos durante años por Figueroa, que padece un carcicoma, le provocan efectos secundarios como astenia y dolores constantes como mialgias y artralgias, que son tratados en la unidad del dolor hospitalaria con resultados no siempre efectivos. La paciente deberá afrontar además una nueva intervención quirúrgica, la tercera desde que presentó la demanda.

Figueroa pasará a ingresar una pensión de 550 euros al mes en concepto de incapacidad total, y no absoluta, lo que supone 124 euros más que los 426 euros que percibe en la actualidad. A l ver reconocida su condición de enferma y pensionista, su aportación a los medicamentes que forman parte de su tratamiento se reduce del 40% al 10%. Beatriz Figueroa estaba en paro cuando le fue diagnosticado el cáncer en marzo de 2011. Es licenciada en derecho y en los últimos años venía ejerciendo de gerente y responsable de recursos humanos en distintas compañías.

Pese a que la juez reconoce su caso particular, la viguesa anunció que seguirá luchando para cambiar la ley, de forma que las incapacidades no se concedan en un juzgado, sino que correspondan a equipos de valoración médica. “Una sede judicial no es sitio para reconocer la incapacidad de los enfermos. Además, de diez cada diez personas solo una va a ir al juzgado, porque al resto no les quedan ganas, dinero ni paciencia para afrontarlo”, afirmó