El Gobierno activa la ley que aumenta el control sobre las ayudas sociales

La ley contra el fraude social que colea desde la anterior legislatura por fin verá la luz en el primer trimestre del año próximo. Así lo anunció ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en un agitado pleno del Parlamento marcado por el impacto de la decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación sobre la implicación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de tres exconsejeros en el caso de los ERE fraudulentos.

En el largo camino desde que se anunció la ley hasta ahora ha quedada arrumbada la propia denominación de la norma. Se ha optado por hablar del acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal, aunque de lo que se trata es de que las ayudas las “reciban aquellos a los que realmente les correspondan y no exista fraude social, que algunos utilizan para poner en cuestión la eficacia y utilidad del sistema público”, aseguró Díaz en repuesta a una pregunta del portavoz de IU, José Antonio Castro.

El texto legal está pendiente de los informes preceptivos del Consejo Económico Social y del Consejo Consultivo para su aprobación definitiva como proyecto de ley.

La norma endurece los requisitos para acceder a las ayudas sociales destinadas a las familias que dan los distintos departamentos de la Junta de Andalucía. Hasta siete consejerías de la Junta tiene regulado a través de decretos, normas, resoluciones o planes la concesión de hasta 70 ayudas sociales. Esto puede significar que una familia de cuatro miembros con un dependiente a su cargo puede recibir un sueldo indirecto anual de hasta 13.000 euros por distintas prestaciones.

La Administración cree que en esta cartera tan amplia puede haber gente que con un patrimonio elevado pueda estar beneficiándose de estas ayudas. Por eso la ley va a incorporar más medidas de control con el fin de que “ninguna persona quede excluida de su disfrute en beneficio de otras que, con más recursos económicos, sean menos merecedoras de acceder a dichos beneficios públicos”.

La Junta exigirá una vez que se apruebe no solo la renta de los solicitantes sino también su patrimonio. Deberán acreditar los dos conceptos, pero además tendrán que autorizar a la Junta para que esta pueda “recabar en cualquier momento, de cualquier Administración o entidad, la información que sea necesaria para verificar los requisitos de capacidad económica”, se afirma en el anteproyecto de ley que elabora la Consejería de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

En su pregunta a la presidenta de la Junta, IU puso el foco no en el posible fraude social sino el fraude fiscal derivado de la economía sumergida, un combate que el Ejecutivo de coalición seguirá abundando con la aprobación de un plan específico 2015-2020. Desde 2012 hasta ahora, Hacienda ha logrado recaudar 375 millones de euros sobre los tributos que son de su competencia.

Normalmente, la pregunta que Izquierda Unida, miembro del Gobierno andaluz, dirige a Susana Díaz está acordada con anterioridad, como también lo está la del portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez. Pero ayer José Antonio Castro introdujo una demanda expresa, que llevaba una crítica explícita, para parar los acuerdos con empresas privadas para que financien obra pública. Castro aseguró que la colaboración público-privada supone un acto de “usura financiera” ya que las empresas cambian los proyectos presupuestarios, “con falta de transparencia” que a la postre salen “un 60% más caro”.

Según los datos aportados por Castro, los 91 kilómetros de carreteras de tres autovías suponen “la escandalosa hipoteca para las arcas andaluzas de 3.600 millones hasta 2044”. IU dijo no compartir este proceder e instó al Gobierno a “revisar” estas fórmulas de financiación.

También dijo “no entender” que la Junta siga encargando a empresas ajenas a la Administración servicios que deberían realizar los empleados públicos. La presidenta no contestó a estas dos propuestas.