Mas pondrá fin en enero a tres años de recortes a los interinos

Se habían enterado hace semanas a través de los medios de comunicación y no acababan de fiarse. Ayer, tras escucharlo directamente de boca de los responsables del Departamento de Gobernación, los sindicatos empezaron a creérselo: los funcionarios de la Generalitat volverán a cobrar el próximo año la paga extra que tienen recortada desde 2012 y 6.500 interinos con funciones administrativas volverán a trabajar y a cobrar el 100% de la jornada laboral —frente al 85% actual— a partir del próximo mes de enero. Parece firme el compromiso del Gobierno catalán, que prevé introducir las partidas presupuestarias necesarias para asumir ese pago en el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2015 que prevé presentar en dos o tres semanas. Las centrales pidieron garantías de que la restauración de esas condiciones laborales se lleve a cabo pese a no aprobarse las cuentas.

La actual coyuntura política, con Mas sin claros socios para sacar adelante el Presupuesto, provocó que los sindicatos reclamaran vías alternativas para restañar los recortes salariales que sufren los funcionarios de 2012, que superaban los 600 millones de euros.

El próximo lunes se volverán a reunir ambas partes para acercar posiciones en una mesa en la que no todo fueron alegrías. En la lista de demandas de los sindicatos figuran otros elementos para que los empleados públicos puedan recuperar poder adquisitivo. Uno, sobre el que no hay acuerdo, es que la Generalitat se comprometa a pagar 44 días que los juzgados dicen que debe a los funcionarios, correspondientes al recorte de la paga extraordinaria de 2012. El decreto del Gobierno central que aprobó la supresión de esa catorceava mensualidad cuando los funcionarios habían meritado ya 44 días, por lo que han reclamado que se les pague la cantidad equivalente a ese salario.

De momento, la Generalitat no tiene intención de asumir ese pago, de la misma forma que tampoco se comprometió ayer a pagar en el corto plazo la paga extra de Navidad de este año. “Los trabajadores de la Generalitat no saben todavía qué cobrarán en diciembre”, afirmaba Xavier Casas, de UGT. Desde el Ejecutivo siempre se ha defendido que ese dinero se podría pagar con la recaudación del nuevo impuesto sobre depósitos bancarios, que el sector financiero no paga —sí ha presentado avales por 685 millones de euros— porque ha decidido recurrirlo. Los sindicatos quieren un compromiso en firme de que, tan rápido como entren los recursos en las arcas autonómicas, se pagarán esas nóminas atrasadas.

Una tercera propuesta que no tiene respuesta es la de que se vuelvan a crear ofertas de empleo en la Generalitat para intentar, en la medida de lo posible, reducir el recorte de funcionarios de los últimos años. Los sindicatos lo cifran en más 10.000 puestos de trabajo.