Castedo asegura ante Génova que no se ha enriquecido

La alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, intenta convencer a la dirección nacional del PP de que las dos imputaciones por corrupción urbanística —en los casos Brugal y Rabassa— no tienen la misma raíz que la de otros dirigentes, como el madrileño Francisco Granados, que se valieron de sus cargos para enriquecerse personalmente.

Castedo, que ha pasado una de las semanas más duras de su vida política por las presiones recibidas desde el PP para que dimitiese, remitió el viernes a la calle Génova un informe elaborado por la UDEF en junio de 2011 en el que se indica que “no se han identificado incrementos patrimoniales injustificados en su esfera económica, ni en sus cuentas bancarias se han apreciado ingresos que pudieran ser calificados de origen desconocido”.

El mismo documento también señala que abonó las vacaciones navideñas que pasó en compañía del constructor Enrique Ortiz, también imputado, en 2008 y 2009 en efectivo. El informe policial relata que de las cuentas bancarias de la alcaldesa no se sacó dinero para pagar ambos viajes, que costaron 2.672 euros uno y 1.820 el otro, por lo que no puede rastrear el origen de los fondos. El documento deja constancia de que el coche marca Mini que la alcaldesa regaló a su niñera no fue abonado al empresario Enrique Ortiz con dinero procedente de las cuentas de la alcaldesa y su esposo y tampoco con el dinero que la niñera y su pareja tenían en el banco.

Con esta defensa, Castedo —que el lunes pasado desafió a su partido al fotografiarse con el Rey en un acto empresarial en Alicante y el martes se mostró indispuesta y no acudió a un acto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy— intenta reconducir el conflicto para intentar agotar su mandato sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, el futuro de la alcaldesa de Alicante, que está convencida de que los casos judiciales en los que está envuelta se acabarán archivando, depende de las decisiones que adopte Rajoy para intentar remontar el desgaste que le están causando al PP los casos de corrupción.

Las relaciones de la alcaldesa con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, están rotas. El jefe del Consell ha dejado la resolución del conflicto en manos de la dirección nacional del PP, que es de quien dependen las candidaturas de las capitales de provincia. Aunque ello no implica que esté de manos cruzadas. La semana pasada, la dirección regional del PP y la provincial, que preside José Ciscar, ordenó a los ediles del PP en Alicante que votasen a favor de una resolución que insta a los partidos a no llevar imputados por corrupción en las listas electorales. Una situación que revela que la dirección popular estará atenta a cualquier actuación de Castedo que contravenga los estatutos del partido. Castedo confía, no obstante, en abrir una vía de diálogo que le permita alcanzar una salida negociada.