Una juez halla supuestas facturas falsas de la constructora de Pasarón

La instructora de la llamada trama de facturas falsas denunciada por el administrador del grupo empresarial Las Cinco Jotas, José Manuel Costas, ha acordado la apertura de juicio oral contra la constructora gallega Oreco, que aparece involucrada en una de las numerosas piezas separadas abiertas por presuntos delitos de falsificación y contra la Hacienda pública. Según la investigación, de 2006 a 2008, Oreco habría recibido diez facturas de empresas de Las Cinco Jotas (una de más de 95.000 euros utilizando a un autónomo) por trabajos y servicios que no se realizaron. Dos de ellas son por labores supuestamente ficticias en el estadio de fútbol de Pasarón, en Pontevedra, una obra cuyo sobrecoste investiga la fiscalía y por el que ya ha declarado el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y ocho colaboradores y exmiembros de su equipo.

La constructora de Pasarón se dedujo indebidamente los importes de estas facturas supuestamente falsas, tanto en la declaración de IVA como en la del impuesto de sociedades en los tres ejercicios investigados por Hacienda. Las dos facturas referidas a obras en el estadio tienen la misma fecha y fueron emitidas a las sociedades del grupo Chita y Renovados de Las Cinco Jotas. En el concepto figura recogida y limpieza al término de los partidos durante seis meses y otros trabajos de albañilería. El resto se refieren a suministro de material y trabajos en las obras de Pi y Margall, Miraflores y Residencial Aires en el área de Vigo, aunque no se llegaron a concretar los conceptos ni los servicios contratados, como tampoco los precios.

La juez ha imputado por presunta falsedad documental continuada al jefe del departamento de la compañía Oreco, José Benito Vizcaíno, a los tres hermanos Costas Estévez, vinculados al grupo Las Cinco Jotas, y a José Luis Mosquera Lemos, administrador de otra de las sociedades presuntamente involucradas en la emisión de facturas. El representante de Oreco ha negado ha existencia de facturas falsas y ha rechazado cualquier acuerdo de conformidad con la fiscalía ni con Hacienda. Será en la celebración del juicio, aún sin fecha, cuando se aporten las pruebas definitivas contra las acusaciones, según declaró en el transcurso de las diligencias.

La de Oreco es una de las piezas separadas que se abrieron tras destaparse el fraude de Las Cinco Jotas, un conglomerado de empresas que servían para la emisión de facturas falsas y que fue denunciado por su administrador hasta involucrar a 200 empresas en 8.000 facturas ficticias por importe de unos 100 millones de euros. Al igual que en otros juicios ya celebrados por los mismos delitos, en este supuestamente se siguió la misma pauta: Costas y Vizcaíno Rodríguez se habrían puesto de acuerdo para emitir facturas ficticias.

José Manuel Costas controlaba el grupo al que pertenecían otras sociedades administradas por tres de sus hermanos como Carpintería de Las Cinco Jotas de Galicia, Fábrica de Casas de Madera, Renovados de las Cinco Jotas de Galicia, Chita de las Cinco Jotas, Inversiones Pecho de Vigo, Promotora Siglo XXI así como el Grupo Promociones en Madeira Candeán del que es su administrador José Luis Mosquera Lemos, también implicado en el proceso.

Desde al menos 2005, José Manuel Costas afirma que ha venido utilizando estas sociedades para emitir facturas falsas a importantes empresas gallegas vinculadas la mayoría con la construcción. Para ello también involucró a trabajadores autónomos que tributaban por el régimen de estimación objetiva, llamados “moduleros”. Gran parte de ellos eran ciudadanos rumanos que desconocían incluso el idioma, y así el grupo mantenía un tráfico de facturas para aparentar actividad económica de compras y gastos. Costas y su hermano Jacobo han sido condenados en al menos cinco sentencias por delito de falsedad continuada y delito fiscal.

La apertura de juicio contra Oreco coincide con las diligencias de la fiscalía provincial en las que se investiga una denuncia de los sobrecostes de la reforma del estadio de Pasarón y a la entonces cúpula de la Diputación Provincial por posible prevaricación. La obra, que se adjudicó inicialmente en 2006 por 7,2 millones de euros a Oreco, tuvo que ser modificada hasta tres veces y acabó costando más de 17 millones.