La UE alerta de la debilidad de las regiones para controlar la corrupción

El secretario general de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), Giovanni Kessler, cuantificó este mediodía en Santiago en 600 millones de euros el fraude detectado por los Estados en el uso de los 350.000 millones que el presupuesto plurianual de la Unión Europea ha destinado a desarrollo regional desde 2007. Kessler, que ofreció en Compostela una conferencia sobre transparencia y prevención de la corrupción, indicó que el 60% del total de fondos regionales de la UE son gestionados directamente por las autoridades regionales y locales, pero destacó que no siempre estas Administraciones tienen suficiente capacidad para controlar los fraudes. “La mejor medicina es la prevención”, defendió, para apuntar luego que la transparencia es un elemento clave y proponer una “lista pública” de beneficiarios de fondos europeos.

“No tenemos estadísticas reales sobre algo que es delictivo y oculto por su propia naturaleza”, admitió Kessler, quien explicó que la cifra de 600 millones de fraude detectado en los fondos regionales es “el descubierto”, apenas un “vistazo superficial de la situación” al que se llegó en ocasiones “por casualidad”, porque “también los delincuentes se equivocan”. Ante esa imposibilidad de las Administraciones para detectar todos los fraudes cometidos, especialmente en los ámbitos regional y local –de los 600 millones, 310 afectaron a administraciones locales–, Kessler abogó por articular mecanismos preventivos, que dejen “el menor espacio” posible a la corrupción. “No busco más doctores, que van a casa cuando ya estás enfermo; hay que evitar al doctor”, dijo.

Para mejorar esa prevención, Kessler defendió potenciar la transparencia y apostó por elaborar una “lista pública” y “accesible” de los beneficiarios de fondos europeos. También planteó la necesidad de que se establezca una “legislación consistente en toda Europa” que evite las diferencias existentes entre unos estados y otros. “Se está trabajando”, dijo, “pero encontramos enormes resistencias por parte de algunos estados miembros”.

A Kessler se le preguntó por los fraudes en cursos de formación parcialmente financiados con fondos europeos que se están detectando en diversas comunidades autónomas, incluida Galicia, y por las ventajas fiscales otorgadas por Luxemburgo a determinadas empresas que están saliendo a la luz, pero el máximo responsable antifraude de la UE evitó opinar sobre casos puntuales y reiteró su discurso general sobre la necesidad de mejorar el control a diversos niveles. “Los políticos siguen demasiado instalados en la dimensión nacional, sin embargo la realidad va en otro sentido, los delitos financieros y económicos son más transnacionales”, dijo, porque los defraudadores buscan los países más opacos y con legislación más laxa.

Las declaraciones de Kessler se produjeron en un encuentro mantenido en Santiago por la Conferencia de Asambleas Regionales Legislativas Europeas, asociación de 74 parlamentos regionales de ocho estados europeos a cuyo frente se encuentra actualmente la también presidenta de la Cámara autonómica gallega, Pilar Rojo, que admitió que la corrupción es el “principal tema de actualidad en nuestro país”. En su intervención, Rojo denunció la “amenaza poderosa” que supone, a su juicio, que "contra la desafección se presenten personalistas, egoístas y populistas" que no están de acuerdo "con las reglas de juego". La dirigente popular reconoció la “decepción” de los ciudadanos europeos con algunas soluciones dadas por los gobiernos en estos tiempos de "sacrificios, problemas y tensión social y política". "Pero también hay confianza", matizó Rojo, que apostó por el trabajo en común en los distintos órganos que conforman la Unión Europea. En la conferencia también participó el presidente del Comité de las Regiones de la UE, Michel Lebrún, quien destacó la importancia de la intervención de Kessler ya que la cuestión de la corrupción es un elemento "muy visible y es necesario tener en cuenta".