El Síndic de Greuges urge a paralizar los pagos de 1.350 millones por Castor

En menos de ocho días el Gobierno tendrá que pagar 1.350,7 millones de euros al consorcio Escal UGS (participado en un 66,7% por la constructora ACS) en concepto de indemnización por la “hibernación” del proyecto Castor, el almacén submarino de gas que provocó a partir de septiembre de 2013 más de medio millar de seísmos en la costa de Castellón y Tarragona. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, urgió ayer a frenar ese desembolso, al menos hasta que se sepa si durante el desarrollo y ejecución del proyecto hubo “doloo negligencia”.

Incapacitado el ombudsman catalán para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado a la Defensora del Pueblo que impugne con urgencia ese pago, acordado a través de un decreto ley, para frenar al menos de forma cautelar la indemnización. La base de su argumentación es una sentencia del Tribunal Supremo que señalaba que para pagar indemnizaciones por rescisión de la concesión tenía que quedar constatado que no había ni dolo ni negligencia. “Están en flagrante incumplimiento", señaló ayer Ribó sobre esos dos aspectos.

Para el Síndic de Greuges, “es inaudito que una Administración pague esa cantidad en 35 días”, celeridad que explicó porque vencen los bonos del Banco Europeo de Inversiones que se utilizaron para financiar la operación. Mientras que la constructora cobrará, las personas afectadas por los terremotos tendrán que esperar a ver sus indemnizaciones por los daños morales y materiales que sufrieron por la cadena de terremotos. El informe reclama que estos cobren antes y que se abra una investigación para determinar qué falló en el diseño y la construcción del almacén gasista, de la que se debería encargar una comisión independiente. En un principio, no obstante, Ribó apuntó ayer a sospechas —en base a informes elaborados por otras organizaciones— de que se actuó sin tener en cuenta informes que daban cuenta de los riesgos que entrañaba el almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Castellón y a 2.000 metros de profundidad.

La institución calcula que, más allá de la indemnización de 1.350 millones de euros de indemnización, el almacén submarino de gas tendrá un coste de alrededor de 3.500 millones de euros a causa del coste de mantener la plataforma, su posible desmantelamiento y los intereses financieros. Ese importe acabará integrándose en la factura que pagan los hogares con suministro de gas durante las próximas tres décadas. Un coste muy alto para un caso en el que el Síndic de Greuges demanda depurar responsabilidades por “posibles irregularidades y malas prácticas administrativas”, tanto en el decreto que aprobaba la indemnización como en la respuesta y la falta de transparencia del Gobierno durante la crisis generada por los seísmos. Incluso en la tramitación del proyecto desde el punto de vista medioambiental.

El perjuicio para los ciudadanos superará los 3.500 millones de euros

Ribó presentó ayer su informe al Parlamento, que también ha remitido al resto de defensores de pueblo autonómicos por si quieren actuar. Asimismo, señaló que el Departamento de Empresa también podría presentar recurso, pero insinuó que este —debido a los trámites del Gobierno catalán— podría llegar demasiado tarde para paralizar el pago. Si no fuera posible, únicamente quedaría la posibilidad de que la Comisión Europea, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recurriera ese desembolso si estimara que se puede considerar una ayuda de Estado a Escal UGS, contraviniendo las normas comunitarias sobre competencia. En ese mismo sentido, el informe también reclama que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia analice la ayuda.