Díaz pedirá el escaño a los aforados si son imputados en el ‘caso ERE’

La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha asegurado que los nueve aforados que están señalados en el caso de los ERE tendrán que dejar su escaño si finalmente son imputados, ya sea ante el Tribunal Supremo (caso de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán) o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La propuesta de Díaz va más allá de lo que marcan el código ético del PSOE y la Declaración de Valencia que acordó recientemente la dirección federal contra la corrupción. En ambos documentos, los socialistas fijan la renuncia al cargo cuando se produzca la apertura de juicio oral.

El anuncio de la presidenta andaluza ha generado malestar entre la mayoría de los afectados y en algunos sectores del PSOE, que consideran que en este caso, como en otros, deben funcionar las normas internas de las que se ha dotado el partido y que, por tanto, la renuncia no debe ser en un momento inicial como es una hipotética imputación.

El Código Ético sitúa la raya de abandono del cargo cuando se abra juicio oral. Así el artículo 5.2 dice: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Mientras, la Declaración de Valencia recalca: “Suspensión de los parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados”.

Díaz ha recalcado que su propuesta se refiere “a todos” los aforados y la ha justificado de la siguiente manera: “La gente ya no está para palabras, las palabras no se las cree nadie, sino que quiere hechos y eso es lo que voy a hacer en Andalucía”.

Las normas internas del partido fijan la marcha cuando se abre juicio oral

Las palabras de Susana Díaz ponen en un aprieto a los aforados ya que lo previsible es que el Supremo incoe un procedimiento para investigar la gestión de los aforados en el caso de los ERE. La clave que tiene resolver el Supremo es si el uso de las transferencias de financiación (el procedimiento administrativo con el que se pagaban las ayudas sociolaborales) es ilícito. Lo más probable es que los ex altos cargos señalados por la juez Mercedes Alaya acudan voluntariamente a declarar ante el instructor del Supremo en virtud del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes del Supremo señalaron que este artículo sitúa a los aforados en un “limbo” que les permite declarar voluntariamente como “preimputados” antes de una hipotética inculpación formal, que exige la petición del suplicatorio a las Cámaras.

Varias fuentes del PSOE han calificado de “oportunista” la propuesta de Díaz y han resaltado que “entra en contradicción” con las normas internas. Otros dirigentes han destacado que si los ex altos cargos son imputados por el Supremo o por el Tribunal Superior de Andalucía quedarían “completamente desprotegidos” al verse obligado a perder su escaño. En ese caso, la investigación correspondería íntegra a Alaya. “Un imputado no es un condenado, se está violando el principio de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, ha indicado un diputado andaluz.

Fuentes próximas a un ex alto cargo ha señalado que si llega la imputación, no dimitirán y apelarán a las normas federales.