Fabra, sobre la expulsión de Castedo: “Quien tiene algo que decir es Génova”

La alcaldesa de Alicante está imputada por cinco delitos en dos casos de corrupción urbanística y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana se ha declarado incapaz de apartarla. “Si alguien tiene algo que decir, es Génova”, ha aseverado este miércoles el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también máximo dirigente de los populares valencianos.

Fabra se mostró tan molesto como tajante sobre a quién corresponde expulsar a Sonia Castedo y se lavó las manos en un asunto que es un quebradero de cabeza para un partido que no consigue adecuar a la realidad su discurso de tolerancia cero con la corrupción. La alcaldesa de Alicante pertenece a la Junta de Dirección Nacional de PP como todos los militantes que gobiernan en una capital de provincia y, por tanto, depende del Comité Nacional de Garantías y no del Regional.

El revuelo que ayer montó el vicesecretario de Organización nacional del PP, Carlos Floriano, al decir que Castedo tenía abierto un expediente de expulsión sirvió para que, por una vez, el partido explicara los supuestos que tienen que darse para destituir a la regidora alicantina. Al poco del anuncio de Floriano en una entrevista radiofónica matinal, el PP se apresuró a realizar un desmentido. Lo que quiso decir Floriano, explicaron desde el partido, es que el expediente podría acabar en expulsión.

Castedo, atrincherada en el silencio de su despacho, tiene abierto un expediente informativo, un hecho que se produce automáticamente cuando un militante es imputado en un caso de presunta corrupción. Ese expediente se convertirá en disciplinario si hubiera apertura de juicio oral. Y entonces, solo se expulsaría a Castedo si fuera sentenciada culpable o, en el proceso, incurriera en “algún incumplimiento de los estatutos” que conlleve sanción grave, explicó el presidente del PP alicantino, José Ciscar.

El partido ya buscó la semana pasada ese hipotético incumplimiento cuando obligó a todos los concejales de Castedo a que votaran una declaración según la cual se instaba a todos los partidos a no incluir imputados en sus listas de las próximas elecciones en mayo de 2015. Castedo no incumplió la orden y votó contra sus intereses.

Las palabras de Fabra son el reconocimiento de que poco puede hacer contra la alcaldesa salvo, claro está, una moción de censura con los propios concejales populares de Alicante, algo ya descartado.

Entretanto, Castedo se mantiene impertérrita en su puesto. Accedió a dejar su escaño en las Cortes Valencianas para hacerse fuerte en su feudo alicantino, desde donde resiste las envestidas de los jueces, la oposición, la prensa y los ciudadanos que, en cada pleno y desde hace meses, le piden que se vaya.

Su única salida para continuar en el PP es que se declare nula la instrucción de los dos casos por los que se la investiga. La primera de ellas, la referente al supuesto amaño del plan urbano de la ciudad, finalizará a mediados de este mes. La otra causa, el caso Rabassa, está muy atrasada la instrucción y el magistrado estudia un incidente de nulidad presentado por Enrique Ortiz, el máximo contratista municipal en Alicante y a quien Castedo supuestamente favoreció.