Osakidetza y la Ley de Empleo Público, las otras batallas

El diálogo social es uno de los retos a superar por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que se enfrenta, al mismo tiempo, a diversas protestas y huelgas sindicales, que, junto a sectores de Educación o Ertzaintza, reclaman mejores condiciones laborales y más oportunidades de empleo. Este jueves se celebra la primera jornada de huelga de Osakidetza, un día después de la Mesa General de la Función Pública, con la que el Gobierno se ha propuesto escuchar a los sindicatos para admitir sus propuestas y modificar el borrador de La Ley por el Empleo Público, en el epicentro de todos los conflictos.

Los hospitales vascos celebran el jueves la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas antes de fin de año. Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME-FFHH, CC OO, UGT y ESK, que se levantaron el pasado septiembre de la mesa de negociación de Osakidetza, harán paros de cuatro horas en los tres turnos. Reclaman un “negociación real” para forjar un nuevo acuerdo que apoye la creación y estabilización del empleo. Piden, en concreto, una reducción de la jornada laboral, el restablecimiento de los criterios de sustituciones anteriores, así como la reactivación de las convocatorias de desarrollo profesional de 2011 para que los médicos puedan seguir su formación.

Las dos Ofertas Públicas ed Empleo con las que el Gobierno ofrecerá 474 plazas en Osakidetza han sido insuficiente, según los sindicatos sanitarios, para cumplir sus peticiones.

Pero en el epicentro de todos los desacuerdos está, además, el borrador de Ley del Empleo Público, único tema de la Mesa General de la Función Pública celebrada ayer, después de retrasar todo el verano el diálogo social.

Todos los sindicatos —salvo LAB que se ha levantado de la mesa al principio del acto como había anunciado y que convocará movilizaciones— hicieron sus aportaciones al borrador, que serán incluidas ahora por el Gobierno y presentadas en otra Mesa General dentro de un mes. Pero algunas diferencias parecen casi insalvables.

Las medidas de flexibilidad son la principal queja de los sindicatos, dadas las excedencias forzosas y reducciones de jornada y sueldo que se aplicarían en caso de haber una reducción presupuestaria o si hubiera una reducción de los ingresos públicos que imposibilitara mantener las plantillas. “No se puede aprovechar para quitar derechos”. CC OO hizo un centenar de alegaciones, entre las que se incluía la retirada del plan de optimización de personas, que compararon con un ERE. UGT valoró la “iniciativa” del Gobierno, aunque mostró cierta desconfianza.

ELA, que ha sido uno de los bloqueadores del diálogo social, exigió cambiar “de raíz” el anteproyecto, que afecta a 110.000 funcionarios y al que presentó más de 200 alegaciones. Criticó la inclusión de “graves recortes que ponen en riesgo el servicio y suponen la destrucción y deterioro de miles de empleos públicos”. Recordó además, en un comunicado, la “falta de respeto” del Ejecutivo al “congelar los salarios de los trabajadores sin convocar la Mesa”.