Unos 200 cargos electos denuncian al Estado ante la ONU y la UE

Unos 200 cargos electos catalanes de partidos soberanistas, entre diputados, eurodiputados y senadores, han firmado este mediodía una denuncia que elevarán a las Naciones Unidas y a las instituciones europeas para denunciar que el Estado español ha prohibido celebrar en Cataluña un referéndum o una consulta incluyendo la opción de la independencia. El documento solicita a Naciones Unidas y a la Unión Europea que adopte “todas las actuaciones necesarias” para garantizar que el pueblo catalán pueda votar democráticamente y decidir su futuro. El texto ha sido firmado, entre otros, por Núria de Gispert, presidenta del Parlament; los portavoces de los grupos parlamentarios soberanistas –Jordi Turull (CiU), Oriol Junqueras (ERC) y Dolors Camats (ICV-EUiA), así como varios eurodiputados y alcaldes. La denuncia está abierta a recoger más apoyos.

En un acto solemne en el Parlament, De Gispert ha abierto la sesión invocando los derechos históricos de Cataluña y ha apuntado que el proceso soberanista, a las puertas del 9-N, está lleno de “incertidumbres” pero también de “ilusión”. Acto seguido, representantes de todos los partidos favorables a la consulta –salvo la CUP- han leído por fragmentos el texto en catalán, castellano, inglés, francés y alemán. La denuncia, que apela a los principios democráticos de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, será remitida a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE).

La denuncia sostiene que Cataluña es un sujeto soberano, político y jurídico y hace un relato de los desencuentros desde la elaboración del Estatuto hasta la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre esa norma de cabecera. “El TC contravino la voluntad popular y puso en evidencia su politización actuando como si fuera una tercera cámara parlamentaria, vulnerando uno de los principios básicos de los sistemas democráticos, la división de poderes y su independencia”, reza el texto que cuestiona la imparcialidad del mismo. Tras recordar los frustrados intentos por celebrar un referéndum o consulta homologable, el documento concluye en cuatro puntos: primero, que las instituciones catalanas han agotado sin éxito todas las vías para celebrar la votación; segundo, que constatan la falta de voluntad del Gobierno español para dialogar; que ese rechazo se traduce en una involución destinada a debilitar el autogobierno catalán y que se sienten legitimados para actuar.

Tras la lectura del texto, varios firmantes han tomado la palabra para argumentar la necesidad de que recurrir a las instituciones europeas. “Queremos que Cataluña sea una república. El Gobierno español, las instituciones y sus grandes partidos son profundamente antidemocráticos”, ha afirmado el republicano Oriol Junqueras. El convergente Jordi Turull ha instado al Gobierno de España a reflexionar sobre el hecho de que grupos parlamentarios tan dispares apoyen el referéndum y parafraseando a su compañero Josep Rull ha dicho: “Si eres juez y en tus horas libres te quieres comprometer con un proyecto (en alusión al juez Santiago Vidal, que participó en un documento sobre una futura Constitución catalana), te quieren expedientar; pero si eres juez y colaboras con la FAES, no solo no te expedientan sino que te nombran presidente del Tribunal Constitucional”. La ecosocialista Dolors Camats ha advertido del riesgo de convertir la democracia en un simulacro cuando se utiliza la Carta Magna como escudo para evitar el voto o las instituciones (como el TC) para no dar la cara. “Que nadie se engañe, más tarde o más temprano, votaremos”, ha señalado el senador Jordi Guillot. Y el eurodiputado Ernest Maragall, antes socialista y ahora en Esquerra, ha remachado: “Este es un acto de defensa propia”. La reunión ha concluido recordando las palabras que pronunció el violoncelista Pau Casals en Naciones Unidas y con el canto de Els Segadors.