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Granados llenó de militantes del PP la agrupación socialista de Valdemoro

Más de la mitad había militado con los populares o eran familiares suyos

Francisco Granados, a la salida del juzgado de Majadahonda el 30 de octubre. Ampliar foto
Francisco Granados, a la salida del juzgado de Majadahonda el 30 de octubre.

Francisco Granados, el principal implicado en la Operación Púnica, y su amigo desde la infancia, el empresario David Marjaliza, tenían la Agrupación Socialista de Valdemoro completamente controlada entre los años 2005 y 2006. De los 300 militantes socialistas, más de la mitad estaba relacionado con el PP o eran familiares suyos. Así lo demostró un grupo de afiliados del PSOE local que consiguió que estos infiltrados fueran expulsados del colectivo. A lo largo de esos años, en especial en los meses más próximos a las elecciones municipales, la afiliación se había disparado de forma incomprensible.

La crisis de la Agrupación Socialista de Valdemoro comenzó con la pérdida de concejales en las elecciones de 2003. El PSOE bajó de seis a cuatro ediles, justo cuando Rafael Simancas tenía opciones de gobernar. El PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, no había conseguido la mayoría absoluta en las elecciones regionales. La noche de los comicios acudió a la agrupación socialista el empresario David Marjaliza, según fuentes del PSOE. Iba acompañado de otras dos personas y estuvo reunido con el entonces secretario local, Antonio Serrano. Este, que después fue jefe de gabinete del alcalde socialista de Aranjuez, también está imputado en la Operación Púnica. El juez Eloy Velasco aprecia que ha podido cometer delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, malversación, cohecho y falsedad documental. Se sospecha que es socio y administrador de Marjaliza y que actuaba como su testaferro.

La agrupación a partir de ese momento se empezó a llenar de militantes. “Eran épocas muy llamativas. En un solo mes se podía conseguir hasta 50 afiliados. Los que estaban dentro no paraban de sorprenderse. Algunos querían explicarlo con el llamado efecto Zapatero”, reconocen fuentes socialistas. Pero las críticas internas hicieron que Antonio Serrano dejase el cargo y entrase un afiliado del sector minoritario, el exconcejal Ángel Vázquez, a dirigir la agrupación.

Caída en picado

Mayo de 2003. El PSOE baja en las elecciones de seis concejales a cuatro. Esa noche David Marjaliza es visto en la sede de la agrupación. Se reúne con el imputado Antonio Serrano, entre otros dirigentes socialistas.

Septiembre de 2004. El minoritario Ángel Vázquez entra a liderar la agrupación. Se alinea con el sector de Serrano. Fuera se queda Margarita Peña.

Diciembre de 2005. Es nombrada una gestora en la agrupación. Se celebran elecciones para designar candidato y gana Eva Borox frente a Margarita Peña. Obtiene 116 votos frente a los 86 de su inmediata opositora. Ángel Vázquez, pese a ser el secretario general, logra 72 papeletas.

Eva Borox no pasa el corte de la comisión regional de listas. Los responsables de la Federación Socialista Madrileña entienden que puede estar vinculada al PP y que no gestione bien los intereses de los vecinos.

2006. Un grupo de militantes liderados por Margarita Peña envían un comunicado a la FSM con el nombre de más de 150 afiliados vinculados al PP y al constructor David Marjaliza. Son expulsados.

Lo que no sabían los responsables de la agrupación es que el proceso era controlado por un grupo de militantes. Cada vez que entraba un afiliado nuevo, había personas que se dedicaban a investigarlos. “Lo que era muy sospechoso es que en un pueblo de 19.000 habitantes hubiera más de 300 militantes, lo que convertía a Valdemoro en la tercera agrupación más importante de la región. Había cosas muy raras”, reconocen las mismas fuentes.

El trabajo de campo no fue especialmente fácil, reconocen esas fuentes. Los nombres de los respectivos afiliados fueron cotejados uno a uno. No fue tan fácil porque muchos de los registros no estaban en Internet, como en la actualidad. El grupo que sospechó de una afiliación irregular tuvo que brujulear mucho en muchos archivos. Tuvieron que ir a la hemeroteca del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y comprobar las listas de la desaparecida Alianza Popular (AP) y del PP en las dos últimas décadas.

Hubo suerte. Parte de los afiliados habían concurrido en las listas de ambos partidos. En otros casos, a través de estos nombres sacaron los de otros familiares. “Había apellidos no tan comunes. Una vez que hallaban un nombre, ya podían cotejarlos con otros de la lista”, recuerdan las fuentes. “No teníamos ninguna garantía de quién era del PSOE o quien era un infiltrado para dinamitar todo lo que habíamos hecho”, mantienen.

Otro aspecto que comprobaron parte de los militantes, con la exconcejal y exportavoz municipal Margarita Peña a la cabeza, se centró en el Registro Mercantil. Fue necesario ver una por una las empresas que formaban el entramado de David. Se trataba de ver quiénes figuraban como administradores, consejeros o algún cargo destacado. “También salieron nombres muy interesantes de personas estrechamente vinculadas a esta persona”, añaden fuentes socialistas.

Toda la investigación, que llevó meses y que fue necesario argumentar, terminó en un expediente de cierto grosor. Más de la mitad de los militantes estaba o había estado vinculada con el PP o con David Marjaliza. El dossier fue remitido a la sede de la FSM, en la calle de Miguel Fleta, cuando Rafael Simancas era secretario regional. “Lo que nos dimos cuenta es que era un porcentaje lo suficientemente grande para que no hubiera garantías de la autonomía de nuestra agrupación. Es decir, podían estar en manos de la especulación. No podía permitir aquello”, recordó ayer Rafael Simancas en conversación telefónica. “La información que recibí en el PSM era muy indiciaria y clarificadora de la que se nos podía venir encima. Teníamos hasta varios testimonios que confirmaban que el propio Marjaliza estuvo en la agrupación”, resume.

Esos testimonios incluían hasta fotos, según fuentes socialistas. Estas aseguran que el empresario se había reunido con la posible candidata del PSOE en Valdemoro, Eva Borox, y con Antonio Serrano. “Decidimos expulsarlos a todos del partido porque era preferible perder las elecciones a tener un alcalde corrupto. Una vez que llegara al cargo, sí que no podríamos controlarlo”, añade Simancas.

Se nombró una gestora tras disolver la agrupación. Los cargos fueron directamente expulsados o se marcharon tras comprobarse la veracidad de las acusaciones. Con ese plantel acudieron a las elecciones municipales de 2007 con Margarita Peña como candidata.

Los comicios fueron “especialmente duros” en Valdemoro, según fuentes socialistas. Los expulsados arremetieron contra los integrantes de la exigua agrupación. Algunos recuerdan que tenían que ir escoltados por la Guardia Civil a pegar los carteles de la candidata. “Fue muy duro porque les atacaban desde todos los lados: tanto los del PP como los que antes habían sido compañeros”, destacan fuentes socialistas.

Comisión de investigación

Los cuatro grupos que están en la oposición en Valdemoro (PSOE, IU, UPyD, PIVV y TUD) han exigido al equipo de gobierno (PP) que cancele todos los contratos con la empresa Cofely, una de las principales implicadas en la Operación Púnica. También pidieron que se creara una comisión de investigación y que se contratara una auditoría sobre la situación económica en la que se encuentra el Consistorio que durante años dirigió Francisco Granados.

La oposición considera que se precisan “medidas urgentes y necesarias” para que se logre “la regeneración democrática, la transparencia y la dignidad”. Por ello, también pidieron la dimisión inmediata de todos los integrantes del grupo municipal del PP que tengan abiertas causas judiciales o que estén imputados en las mismas.

Ayer no habían presentado todavía sus dimisiones el alcalde, José Carlos Boza, en prisión preventiva, ni el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Hernández, ambos del PP.

Los partidos pidieron que la comisión de investigación analice la privatización de los servicios públicos y la contratación municipal. Además, debería estar presidida, y con mayoría de miembros, de la oposición. Otra medida es crear una comisión informativa especial para ver las recalificaciones de suelo en el periodo comprendido entre 1999 y 2011.

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