El Gobierno andaluz descarta un pacto con el PP contra la corrupción

Una de las propuestas más destacadas de Susana Díaz en su investidura como presidenta de la Junta de Andalucía, en septiembre de 2013, fue un “pacto promovido desde Andalucía con vocación nacional” contra la corrupción y la regeneración democrática. Fue una oferta que dirigió al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y que este no atendió. Un año después de formulada, los socialistas aseguran que esta iniciativa ya no tiene vigencia ni sería creíble por parte de los ciudadanos ante la ristra de casos de corrupción que se van sucediendo casi a diario.

La presidenta socialista rebobinó el pasado lunes y sostuvo: “La gente no está ya para pactos, la gente quiere actuaciones concretas y claras, que combatamos de verdad la corrupción y que lo hagamos con transparencia, con mucha contundencia y lealtad”.

La oferta de alcanzar un acuerdo regional contra la corrupción procede ahora del PP, como defendió el pasado viernes su presidente, Juan Manuel Moreno, en un momento en que el que este partido está salpicado por las recientes detenciones de la Operación Púnica y el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid, por el que han imputado al que fuera vicepresidente económico del Gobierno del PP Rodrigo Rato.

El Gobierno andaluz descarta “fotos” y “posturas” con el PP porque entiende que “no beneficia a la transparencia”, dijo este martes el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para quien las medidas concretas son mucho más “pedagógicas que un pacto”. Según su tesis, “la gente está hasta las narices” de que los partidos le suelten “retahílas” de acuerdos anticorrupción y quieren iniciativas que acaben con las prácticas corruptas. “El pacto ha perdido mucha credibilidad”, subrayó.

Pero tras el rechazo a un acuerdo formal y con escenografía solemne con el principal y único partido de la oposición en Andalucía también se esconde el temor a la contaminación política, en un momento en que Podemos aparece en las encuestas como caballo ganador y arremete contra “los partidos de la casta” y el bipartidismo de PP y PSOE, admitieron fuentes socialistas.

Pese a descartar la rúbrica de un acuerdo, el Gobierno planteará nuevas medidas de transparencia en el Parlamento que Jiménez Barrios no quiso detallar. En este sentido, el Gobierno pretende que el Consejo Andaluz de la Transparencia y Protección de Datos comience a funcionar en el primer trimestre del año. La tramitación de los estatutos de este órgano, encargado de vigilar la ley andaluza de Transparencia, inició ayer su andadura en el Consejo de Gobierno. Jiménez Barrios se comprometió a elegir por consenso de los tres grupos al director del consejo, pese a que la ley no obliga a una mayoría reforzada de tres quintos, lo que implicaría el voto del PP, y solo basta con el de la mitad más uno de la Cámara.

También los grupos que sostienen al Ejecutivo, PSOE e Izquierda Unida, mantienen conversaciones con el grupo popular para pactar el nuevo Reglamento de la Cámara mediante lectura única. Hay tirones en estos contactos y con críticas del PP a los partidos de izquierda por cercenar propuestas que abunden en más transparencia, según denuncian. Socialistas e IU niegan la mayor y achacan la lentitud en alcanzar un acuerdo en el cambio de interlocutores del PP por las remodelaciones en el grupo parlamentario.

Los grupos tienen también pendiente la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas, para dotarla de más medios y competencias en su función de control. El órgano encargado de la fiscalización de los recursos de la Administración regional y de los Ayuntamientos tendrá en 2015 más dotación presupuestaria. La idea es que el nuevo texto esté antes de final de año.

Antes de que la modificación prospere, el PP propuso ayer a Rafael Salas, uno los diputados más experimentados del Parlamento andaluz, como vicepresidente de la Cámara de Cuentas en sustitución de María José Camilleri, fallecida a finales del mes de septiembre pasado. Salas ha sido secretario general del grupo popular hasta julio de este año y ahora ocupa una de las nueve portavocías adjuntas del PP.

En la Cámara de Cuentas esperaban que el PP optara por un perfil más técnico que político para ocupar la vicepresidencia. El nombramiento de Salas debe ser aprobado por el pleno del Parlamento una vez que se vea su idoneidad en comisión. Normalmente, la propuesta de designación que corresponde a un partido no se cuestiona por los otros grupos. Se vota y punto. Pero ayer el PSOE reaccionó de manera tibia ante la candidatura de Salas. “Se discernirá sobre su idoneidad en la comisión y cuando llegue el momento se verá”, dijeron fuentes del PSOE.