La liquidación de la promotora Aifos arrastra a más de 5.000 acreedores

La promotora Aifos, símbolo de la construcción sin medida durante el boom del ladrillo y salpicada por el caso Malaya, se dirige irremediablemente hacia la nada. En proceso concursal desde hace algo más de cinco años, la junta de acreedores convocada este viernes en Málaga para votar el plan diseñado por la empresa para intentar salir a flote ni siquiera se constituyó por falta de quórum, por lo que el juez al frente del proceso, Antonio Bujalance, anunció que en unos días notificará a las partes que la sociedad entra en fase de liquidación. El magistrado, antes de decretar esta medida, tendrá que resolver algunos recursos vinculados a esta convocatoria.

Todas las cifras que rodean este procedimiento son estratosféricas, como la actividad de la promotora en los años de bonanza y dispendios, en los que llegó a tener unos 2.600 empleados. Ahora sobreviven 59 trabajadores. Aifos entró en concurso voluntario de acreedores en julio de 2009 por una deuda de unos 1.000 millones de euros que afecta a más de 5.000 acreedores, desde Hacienda y la Seguridad Social a particulares que entregaron una media de entre 20.000 y 80.000 euros por una vivienda que nunca recibieron. Hay unas 2.000 personas en esta situación. Los principales reclamantes son entidades bancarias, que concentran el 70% del pasivo.

El convenio presentado por Aifos proponía una quita del 50% y pagar el resto de la deuda en una década: un 40% al final del noveno año y el 60% restante al cierre del décimo ejercicio. Eso es lo que se tenía que votar en la junta convocada por el juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga, pero no se formó al no alcanzarse el número de acreedores presentes necesarios que fija la ley concursal. Esta norma establece que debe estar representado al menos el 50% del crédito ordinario, que en este caso asciende a 188,2 millones. Tras dos horas destinadas a las acreditaciones, ese porcentaje se quedó en el 35,10% (66,06 millones de euros).

A partir de este momento, y con el matiz de saber qué ocurrirá con los recursos, los administradores concursales tienen que diseñar un plan de liquidación que debe aprobar el juez y que pasa por la venta de los activos de la promotora, que se estiman en unos 780 millones de euros. Aifos posee una “gran cartera” de suelo, además de otras propiedades inmobiliarias, por lo que se abren “miles” de posibilidades, según el propio magistrado.

La ley establece las prioridades en el cobro de la deuda. En primer lugar hay que hacer frente al débito que se ha ido generando desde que la promotora suspendió pagos (unos 12 millones de euros) y después se sitúan Hacienda, la Seguridad Social y las entidades bancarias. Los pequeños ahorradores ocupan casi el último lugar de la lista.

En la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia de Málaga se sentó junto a sus abogados el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, condenado a tres años de cárcel y a una multa de 2,2 millones de euros en el caso Malaya. La sentencia no es firme. Sus representantes legales anunciaron que pedirán la nulidad del acto convocado este viernes por la demora que ha habido en la notificación de documentos, algo que deriva, dijeron, en “indefensión” de su cliente.

El juez Bujalance, consciente de “la frustración” de los particulares que entregaron una cantidad de dinero por una vivienda que no han recibido, dio la oportunidad a los pequeños acreedores de hablar públicamente cuando anunció que la junta no podía celebrarse. Hubo algunas intervenciones, todas muy comedidas. Uno de los afectados simplemente cuestionó en voz alta que no entendía cómo, después “de lo que ha hecho”, Ruiz Casado “se siga paseando por Málaga”. El presidente de Aifos perderá su condición en cuanto la empresa entre en fase de liquidación.