“¡Me voy detenido y nunca firmé!”

Cuentan los vecinos que el reloj del Ayuntamiento de Casarrubuelos se paró el lunes a las nueve y media de la mañana. Justo cuando la Guardia Civil entraba en la casa consistorial para detener a su alcalde, el popular David Rodríguez Sanz, dentro de la Operación Púnica. Desde entonces, el tiempo se haya detenido en esta localidad de 3.500 habitantes y nadie habla de otra cosa. El edil —que se jactaba de ser íntimo amigo del supuesto jefe de la trama, Francisco Granados— se encontraba dando su paseo matutino para ver obras en marcha. Luego, regresó al Ayuntamiento, de donde no volvió a salir hasta las doce de la noche, directo a los calabozos de la Guardia Civil.

“David no iba esposado”, precisa aliviado Juan José Huélamo, el teniente de alcalde. Y relata los 30 segundos escasos que pudo hablar con él. “Estaba cansado y preocupado por su mujer. Me dijo: ‘¡Con la de irregularidades y asuntos chuscos que ha habido durante 16 años en este Ayuntamiento con Izquierda Unida y me van a imputar a mí por un contrato que no existe!”. No hubo tiempo de más.

Rodríguez es un forastero en el pueblo. Propietario de una empresa de muebles, vivía en Valdemoro —como Granados— hasta meses antes de presentarse a las elecciones. Para la oposición, de facto, Huélamo era el alcalde de un pueblo con un presupuesto de 4 millones para gastos corrientes y 1,5 millones para inversiones. Llegó a presupuestar 11 millones muy necesarios en un pueblo con un 24% de desempleo y con el banco de alimentos vacío, alerta Huélamo, antes profesor de Religión y muy vinculado a Cáritas.

La comisión judicial apenas estuvo 45 minutos y se interesó por la relación de Casarrubuelos con Cofely, la empresa de alumbrado que presuntamente se quedaba con los contratos de los municipios a cambio de una comisión del 2% o 3%. Huélamo asegura que Cofely, como otras tres compañías, presentó hace año y medio un plan de ahorro energético que no llegó a ponerse en marcha por falta de dinero. “Hicieron pruebas con sus bombillas led como el resto”.

Izquierda Unida va más allá y se plantea si fueron a dedo los contratos por arreglos de alumbrado y se los llevó Cofely. “Pero no podemos saberlo. Llevan una política de total opacidad. Solo la secretaria nos pasa sus informes. Hemos puesto una denuncia en Navalcarnero por vulnerar el derecho a la información”, relata Vicente Astillero, hoy portavoz de IU en el Ayuntamiento y número dos del gobierno municipal hasta la moción de censura del PP en 2012.

Astillero recuerda también, entre risas, como en las primeras navidades del PP en el gobierno, la Asociación de Iluminadores Artísticos —en realidad un consorcio de empresas— invirtió gratuitamente 50.000 euros en llenar de luces decorativas led esta localidad de aire manchego, con suelo adoquinado y un edificio consistorial porticado en dos alturas. “Nos eligieron como escaparate para que los de otros municipios vieran sus luces. Recuerdo que los de IU hicimos la cena de Navidad en la plaza y cegaba tanto la luz que llevábamos gafas de sol”.

En 2012, una moción de censura del PP y la Asociación Vecinal de Casarrubuelos (AVC) —una escisión de Izquierda Unida— despojó de la alcaldía a Álvaro Sánchez Vara, ganador de las elecciones un año antes con mayoría simple. Álvaro había relevado a su padre, Julián Sánchez, que gobernaba con mayoría absoluta desde 1995, aunque en esa ocasión venció por apenas tres votos. Comunista de la vieja escuela —las imágenes del Che por doquier daban una idea—, murió en enero de 2011 en Cuba, donde había viajado con fines solidarios.

La muerte de Sánchez sumió a IU en una crisis de la que no se ha recuperado. Su teniente alcalde, María Soledad Lavín, pugnó por liderar el partido y, al no conseguirlo, fundó la AVC. “El PP dijo que iba a dejar gobernar a la lista más votada y un año después nos presentaron una moción con unos puntos ridículos. Es una relación contranatura. ¿Qué une al PP con una antigua comunista?”, se pregunta Astillero. “No se me quita de la cabeza que algo estaban ya tramando. Algo oscuro había ya detrás”.

Al teléfono, compungida, Lavín comentaba ayer que hoy se reúne con su agrupación, la AVC. “Probablemente tendré que romper el gobierno, aunque yo no quiero perder la confianza en David”. Una ruptura relativa porque no tiene consecuencias: “Cada uno seguirá con lo suyo. El PP con sus concejalías y nosotros con las nuestras”. Lavín va a renunciar también a ser alcaldesa en funciones. “No quiero serlo. Lo único que nos han intervenido son las cuentas y queremos al menos poder pagar las nóminas”.

Huélamo, del PP, sostiene que presentaron en 2012 la moción por la fuerte deuda de 6,5 millones (ahora es de ocho) y una deficitaria gestión. Y deja caer acciones judiciales contra IU. Sin embargo, el documento por escrito expone motivos muy poco concretos como “falta de marco legal para las plantillas” o “dotaciones ilegales”. Y Astillero, de IU, presenta otras cuentas distintas. Asegura que los propietarios de las tierras en las que se iba a construir —ahora los bancos— deben cuatro millones de euros al Consistorio y en el momento de la moción la Comunidad les debía medio millón y en las cuentas había otro.

A Huélamo le preocupa que el pueblo ya ha sentenciado a su compañero Rodríguez, aunque no haya sido imputado. Una charla con cualquier vecino lo confirma. “Entraron con corrupción y así salen”, se queja uno. “Se lo llevan crudo y yo pagando 500 euros de basuras”, dice el dueño de un bar. Aunque la tensión no es nueva. Cuenta Astillero que, en un pleno, alguien espetó a Lavín: “Te voté y me has traicionado como Judas”, mientras le tiraba 13 monedas a los pies.