Louzán se escuda en los técnicos para justificar el sobrecoste de Pasarón

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, justificó ayer ante la fiscalía la aprobación del sobrecoste en más del doble de las obras del estadio de futbol del Pasarón esgrimiendo los informes favorables de los técnicos. El incremento del gasto público en estos trabajos fue denunciado a título particular por el secretario local del PSdeG y concejal de Deportes del Ayuntamiento pontevedrés, Agustín Fernández.

La declaración de Louzán se ciñó a la tramitación del proyecto y sus tres ampliaciones presupuestarias, así como al informe contrario del Consello Consultivo, el principal indicio que llevó a la fiscalía provincial a abrir estas diligencias informativas. El presidente se escudó en el criterio seguido por el secretario y el jefe de contratación de la Diputación que ya declararon ante el fiscal del caso, Augusto Santaló, al igual que el arquitecto de las obras.

Ambos técnicos defendieron la legalidad del proyecto y esgrimieron que el dictamen del Consello Consultivo no tenía carácter vinculante. Dicho informe entró en la Diputación en febrero de 2007, dos meses después de que las obras fueran aprobadas por unanimidad tanto en el organismo provincial como en el Ayuntamiento, con el apoyo de los representantes del PSdeG y BNG.

En la misma línea que Louzán también declararon los ocho miembros de la Junta de Gobierno del organismo provincial que aprobaron en diciembre de 2006 el proyecto y las posteriores modificaciones del presupuesto. Entre ellos los actuales vicepresidentes de la Diputación, Chema Figueroa y Xosé Crespo, y otros altos cargos populares de la pasada legislatura, como la actual presidenta de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa; el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo; el de Cerdedo, José Balseiros; el regidor de O Rosal, Jesús María Fernández Portela; el de Ponteareas, Salvador González Solla; y el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán.

La declaración de los dirigentes populares no despejó las dudas sobre si incurrieron o no en prevaricación. La fiscalía deberá determinar si hubo una actuación presuntamente delictiva aunque los técnicos no hubieran puesto objeciones al proyecto. Al término de su declaración, Louzán compareció en rueda de prensa para explicar que “cualquier acuerdo que se quiera llevar a cabo debe contar con todos los informes favorables para poder aprobarlo, y este fue avalado por la comisión de seguimiento de la que formaban parte todos los partidos políticos”. “Ninguno tenemos la capacidad técnica para decidir y nos guiamos en los informes favorables, porque en ningún momento hubo advertencias de prevaricación”, afirmó Louzán. “Solo el informe del Consello Consultivo era desfavorable pero llegó cuando el reformado ya estaba aprobado”.