Ibarra espera un nuevo clima en Justicia hacia el pacto de Estado
Reclama a Urkullu que cometa "sin demora" una inversión para modernizar el sistema informático de los Palacios de Justicia de Euskadi
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha confiado este miércoles en el nombramiento de Rafael Catalá, como ministro de Justicia suponga "un cambio de fondo en la obtención de consensos" y permita un Pacto de Estado para la modernización de la Justicia.
En su intervención en el acto solemne de apertura del Año Judicial en el País Vasco, Ibarra ha expresado que los jueces vascos sintieron "alivio" ante "el fracaso" del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial impulsado de manera "unilateral" por el Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón.
El presidente del TSJPV espera que el nuevo ministro Catalá "exprese un cambio de fondo hacia la obtención de nuevos consensos políticos, institucionales y con las autonomías territoriales que permitan alcanzar un Pacto de Estado". El acuerdo debería retomar "el camino de la modernización de la Justicia, dinamitado por las dinámicas a ciegas" de la época de Ruiz Gallardón, ha sentenciado.
En su intervención, Ibarra ha pedido al lehendakari que acometa "sin demora" una inversión para modernizar el sistema informático de los Palacios de Justicia de Euskadi, a lo que el propio Iñigo Urkullu ha respondido, instantes después en su discurso, que el Gobierno Vasco ha asumido ese "reto" y ha comprometido un programa de inversión para los próximos diez meses con ese objetivo.
Ibarra asegura que la Judicatura ha dado "sobradas muestras de que las dificultades no les amilana, sino que les motivan en un mayor esfuerzo para abrir nuevos caminos y encontrar soluciones renovadas".
"Es buena prueba de ello el avanzado estado del proyecto de Convenio a suscribir entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que permitirá el establecimiento en el próximo año de tres oficinas provinciales para el cumplimiento de las obligaciones de presentación y comparecencia impuestas a personas imputadas o condenadas en procesos penales", indica.
Por ello, confiamos "firmemente en que la creación de esta oficina provincial única como servicio común de justicia anejo al juzgado de guardia, en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, evitará que vuelva a ser noticia la puesta en libertad, por falta de información o por error de identidad, de personas sujetas a medidas cautelares o de condenados pendientes de cumplimiento".
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