Desprecio

El catedrático Joaquim Brugué. en su didáctico libro És la política, idiotes (Papers amb accent, Girona) afirma que “la política nace del conflicto, reconoce la existencia de intereses y de posiciones diferentes, pero apuesta por usar el diálogo como mecanismo para obtener respuestas y posiciones de síntesis”. La política española y catalana está en las antípodas de esta definición. Día tras día vemos cómo algunos políticos y responsables financieros y económicos no solo aborrecen el diálogo, sino que llegan a despreciar a la ciudadanía a la hora de tomar sus decisiones políticas y éticas. Lo podríamos interpretar como un desprecio de clase, entendiéndolo como el desdén de sectores sociales pudientes hacia las clases populares.

Un ejemplo es la actuación de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del consejero del mismo ramo de la Comunidad de Madrid en relación a la enfermera infectada de ébola. ¿Ustedes creen que una ministra que no sabe que en su garaje está aparcado un Jaguar puede tener cierta empatía hacia el sufrimiento? ¿O que un señor consejero que no le importa que pidan su cese, ya que tiene la vida solucionada, pueda mostrar un poco de respeto hacía el prójimo? Es un desprecio hacia la ciudadanía que tanto la ministra como el consejero no hayan sido aún cesados.

En Cataluña, la situación en el Departamento de Salud es parecida. En el último mes se han declarado dos brotes de legionela en Sabadell y Ripollet que han provocado la muerte a 10 personas. Este terrible suceso no ha merecido la comparecencia inmediata del consejero Boi Ruiz informando a la población cuando el brote estaba en sus inicios. Solo al final, después de 10 muertes, ha tenido la decencia, obligado por algunos partidos de la oposición, de explicar en sede parlamentaria lo sucedido, sin aclarar nada. Es un desprecio a la ciudadanía no haber explicado y tranquilizado a las personas de estas ciudades que vivían temerosos y desinformados. Tampoco ha dimitido ni ha sido cesado.

La falta de ética y un alto grado de desprecio hacia el dinero público es el que han protagonizado los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid que medraban con una tarjeta de crédito opaca, sin límites y viviendo a cuerpo de rey. Mientras, esa misma caja, bajo el beneplácito del consejo, emitía un producto financiero denominado preferentes destinado a personas con nula formación ante un producto tan complejo y volátil, que, como consecuencia, han visto desaparecer sus ahorros.

Han usado todos los mecanismos de agitación y propaganda para crear una ficción de diálogo que ha provocado frustración, vergüenza e incertidumbre entre los catalanes

También esta misma caja —junto al resto de entidades financieras— contrataba hipotecas de riesgo, sin opciones de negociación, llegando en muchos casos al desahucio. El colmo de este despropósito lo escenifica el señor Díaz Ferran, ex presidente de la patronal, que en octubre de 2010 dijo: “Hay que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis”. El mismo señor que se ha gastado 94.000 euros con la tarjeta negra de la vergüenza.

Estos señores, Díaz Ferran, Blesa, Rato… demuestran un claro desprecio de clase, ya que viven en un mundo donde los trabajadores, los humildes, solo les interesan como mano de obra —cada vez más barata y con menos derechos— y así continuar enriqueciéndose.

Si alguien está lejos de la afirmación que encabeza el artículo son Rajoy y Mas, dos políticos que no han sabido ni han querido buscar la síntesis del conflicto entre Cataluña y España. En todo momento han prevalecido sus intereses electorales sobre los de la ciudadanía. Han usado todos los mecanismos de agitación y propaganda para crear una ficción de diálogo que ha provocado frustración, vergüenza e incertidumbre entre los catalanes. El resultado de su incompetencia ha provocado la creación de un muro de desconfianza entre unos y otros y la sensación que la política no sirve para solucionar el conflicto inherente a toda sociedad viva.

Mas y sus aliados nacionalistas han sobrepasado todas las líneas rojas de la democracia. Convoca una consulta sin las garantías de control y transparencia propias de cualquier proceso electoral democrático. Les da igual qué se vota, con qué censo, y sustituye a los funcionarios que controlan todo proceso electoral por unos voluntarios, todos ellos partidarios de votar a favor de la independencia. Unas votaciones con un resultado que no tendrá validez jurídica pero sí valor político: el de apoyar la propuesta del partido del Gobierno que quiere recuperar votos a toda costa. Todo ello en una Cataluña que se parece cada vez más a un país autoritario que necesita de la consulta para obtener apoyos incondicionales de los adeptos a la independencia.

Para ello, el Gobierno ha ordenado a los centros escolares públicos que abran las puertas para que voluntarios de la comunidad escolar (o no) controlen el acceso, las instalaciones y custodien las papeletas. Para mí, esta es una muestra más de desprecio hacia la ciudadanía.

Lo más triste de todo, es que, aún y padeciendo este desprecio, hay gente que cree que así se construye un nuevo país.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia