La nueva consulta del 9-N carece aún de junta electoral

La Generalitat asegura que 5,4 millones de catalanes podrán votar en el sucedáneo de consulta del 9 de noviembre. Una votación que, según la vicepresidenta Joana Ortega, contará con “todas las garantías democráticas”, aunque aún no se ha creado un organismo equivalente a la junta electoral que vigile el procedimiento.

El censo en las elecciones autonómicas de 2012 fue de 5.257.960 personas, pero a esa cifra el Gobierno catalán añade la de los ciudadanos de 16 a 18 años, que tendrán derecho a voto el 9-N. Además de esos 5,4 millones de catalanes, estarán autorizados a votar 1.200.000 extranjeros (comunitarios y de otras nacionalidades) si acreditan la vecindad catalana con su DNI, pasaporte o NIE.

Joana Ortega presentó ayer el nuevo dispositivo del 9-N y se mostró convencida de que habrá una “participación masiva”. Sin embargo, se negó a facilitar una estimación de participación. Solo dijo que el 9-N será “un éxito”.

Si finalmente se celebra la consulta, solo en seis de los 947 ayuntamientos de Cataluña no se podrán instalar colegios electorales por la oposición decidida de los alcaldes de esas localidades a ceder locales. Se trata en todos los casos de pequeños pueblos en los que la Generalitat no tiene ningún equipamiento de su titularidad para instalar las mesas electorales y vencer así las reticencias expresadas por algunos alcaldes del PSC y del PP a ceder las instalaciones municipales.

Se habilitarán 6.430 puntos de votación, principalmente en institutos públicos y locales municipales. Ortega no concretó el coste de la consulta, aunque dijo que no será superior al inicialmente previsto (8,8 millones).

La asignación de los puntos de votación se publicará el 29 de octubre en función de la dirección que figure en el DNI, NIE o pasaporte del ciudadano. Para saber dónde ha de votar, cada persona deberá consultarlo en la web de la Generalitat o llamar al teléfono 012. El Gobierno catalán descarta enviar la tarjeta censal a los ciudadanos con el fin de evitar que el Gobierno impugne ese documento ante los tribunales por el tratamiento de datos personales.

Ortega insistió en ese hecho. “No se parte de un registro previo, no hay lista de participantes y el Gobierno no gestiona datos de votantes”, dijo. La vicepresidenta insistió en que el proceso participativo tiene “todas las garantías democráticas”. “Ni el Gobierno ni el Constitucional nos pueden obligar a que no pensemos o a que no sintamos”, afirmó. La organización de la consulta no cuenta aún con ningún organismo equivalente a la junta electoral (o a la comisión de control que se creó inicialmente) para velar por la limpieza del proceso.

Durante la jornada habrá 1.255 locales de participación en esos 941 Ayuntamientos. Ayer se habían inscrito ya 31.626 voluntarios, de los que 6.210 son funcionarios de la Generalitat. El plazo para inscribirse termina el próximo lunes en la página web participa2014.cat. En cada punto de votación habrá tres voluntarios, designados por sorteo. Entre sus funciones estarán las de presentar una autorización al votante para que la firme y puedan ser tratados sus datos en ese fichero el día de la votación. Posteriormente, los voluntarios introducirán la identidad del votante en un ordenador para que una misma persona no pueda votar varias veces.